Por todos los riojanos es sabido el problema existente en la carretera N-232, que ha supuesto en los últimos 17 años, hasta la actualidad, 192 muertes en accidentes de tráfico. ¡192! Y no, no es un tema baladí del que poder sacar rédito político. Ni unos ni otros partidos.

Es un tema que los riojanos perciben, como no puede ser de otra manera, como una prioridad. Es prioritario que, además de seguir trabajando en las mejoras de la N-232, se adopte, de una vez por todas, una solución definitiva, que no transitoria.

Poner en marcha medidas de gratuidad para la AP-68, así como aumentar las ya existentes, es, sin duda, una medida que contribuye a hacer de este problema un problema sustancialmente menor. Y es que según apuntan los técnicos, poniendo en marcha medidas de gratuidad o bien bonificaciones para la circulación obligatoria por la autopista de transporte pesado, la siniestralidad se reduciría un 75%, lo que supondría un avance.

No se trata de ir en contra o a favor de un gobierno, sino de exigir a quienes toman las decisiones, que cumplan su deber; el deber de protegernos y legislar en favor del bien común.

Pero… ¿acaso podemos conformarnos con reducir la siniestralidad, siendo conscientes de que la liberalización total de la autopista sería la medida óptima? No, no podemos y no debemos resignarnos a eso.

No se trata de ir en contra o a favor de un gobierno, sino de exigir a quienes toman las decisiones, que cumplan su deber; el deber de protegernos y legislar en favor del bien común.

Imagen del accidente que tuvo lugar en Gimileo el pasado mes de noviembre.

Hasta el momento, siendo evidente la preocupación del Gobierno de La Rioja en poner solución al problema, se han adoptado, como sabemos, medidas de gratuidad, y se está negociando con el Gobierno central la ampliación de las mismas.

La cuestión es: ¿debemos resignarnos a eso? ¿Por qué no exigir la liberalización inmediata? Y se preguntarán: ¿Exigir de manera inmediata no es excesivamente desproporcionado? No, no lo es. Es una exigencia igual de proporcionada que la llevada a cabo por el Gobierno Vasco en relación al cupo (cantidad que el País Vasco paga anualmente al Estado).

Fíjense si es igual de proporcionada, que los números son idénticos. El coste de liberalizar la AP-68 es de 1.400 millones de euros aproximadamente, exactamente lo mismo que, a partir de ahora, el Gobierno Vasco tendrá que pagar de menos cada año al Estado. ¿Por qué? Porque el PNV, a cambio de esta rebaja, facilitará a Rajoy sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos en los que los riojanos, como ciudadanos con iguales derechos, podemos y debemos exigir la atención de nuestros intereses y necesidades.

Por tanto, la conclusión es clara: la prioridad de los riojanos no es la misma que la prioridad del Gobierno central. Se trata entonces, de una divergencia de prioridades. Sigamos exigiendo.

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