En el pleno del Ayuntamiento de Haro del pasado miércoles no salió adelante la moción que presentó Patricia Mateos. La concejala no adscrita defendió un escrito en el que denunciaba el ‘supuesto acoso a una trabajadora del Consistorio jarrero’.  Por su parte, algunos concejales, entre ellos, Alberto Olarte, Leopoldo García y Javier Redondo acusaron a Mateos de sacar conclusiones desacertadas con respecto a la sentencia e incluso deslizaron que la concejala quizás ‘ni tan siquiera la había leído’. Estos son algunos puntos con los que se puede resumir la sentencia en cuestión: 

  • La demanda inicial en reclamación de responsabilidad patrimonial fue dirigida por la funcionaria contra el Ayuntamiento de Haro, en ningún momento contra la secretaria.
  • La funcionaria solicitaba del Ayuntamiento de Haro (nunca de la secretaria) una indemnización de 50.000 euros en concepto de días de baja y daños morales sufridos en el desempeño de sus funciones.
  • La sentencia indica que los diferentes conflictos habidos entre la funcionaria y el Ayuntamiento de Haro no tienen la entidad suficiente para fundamentar la estimación de las pretensiones de aquella en base a un pretendido y supuesto acoso laboral. En concreto, la sentencia señala que ‘la existencia de una mala relación profesional con su superior jerárquico, e incluso su disconformidad reiterada con las decisiones adoptadas por esta persona, no constituyen por sí mismas una situación de acoso laboral o de hostigamiento, humillación, descrédito o intimación susceptible de ser indemnizada’.
  • No obstante, la sentencia afirma que, al margen de lo anterior, existen una serie de hechos que sí han producido daños a la funcionaria (situación de menosprecio y descrédito), que ésta no estaba, claro está, en la obligación de soportar. Los hechos son estos:
  1. El que la secretaria se refiriera a ella en una ocasión y no estando la misma presente como ‘sinvergüenza’. Esta expresión resulta inadecuada, al tratarse de un término peyorativo, ofensivo y humillante emitido por un superior, en presencia de otros compañeros.
  2. Lo ocurrido con la funcionaria cuando se incorporó a su puesto de trabajo tras una primera baja laboral: actuaciones precipitadas y escasamente meditadas por el Ayuntamiento de Haro que perturbaron o alteraron su situación y que en sentencia se califican como constitutivas de ‘hostigamiento’ porque la credibilidad de la funcionaria se vio menoscabada (su situación médica no era caprichosa por cuanto venía justificada en los informes de baja y alta) y resultaron afectados sus derechos individuales al obligarle a permanecer en su puesto de trabajo cuando no reunía las condiciones para ello y a la inversa.

Son estas dos concretas actuaciones las que en sentencia se consideran suficientes como para dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento (nunca a la secretaria) en una cuantía de 12.000 euros en favor de la funcionaria.

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