A finales de enero de 2022, y una vez finalizada la obra de reforma que reducía casi a la mitad la superficie de las instalaciones tras la eliminación de la zona de taquillas, bar y aseos, volvía a entrar en funcionamiento la estación de autobuses de Haro, que había estado clausurada durante año y medio.
Ya en julio de ese mismo año, atendiendo la solicitud realizada por Laura Rivado, alcaldesa de la ciudad, los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitían un informe sobre el posible “incumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Servicio de la Estación de Autobuses de Haro y del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre”, al haber prescindido de los aseos públicos.
“La estación de autobuses de Haro, legalmente, ha de contar con la instalación de servicios sanitarios”
“La estación de autobuses de Haro, legalmente, ha de contar con la instalación de servicios sanitarios”, apuntaba el informe sin otorgar margen a la duda para indicar de manera más rotunda que “si la estación municipal de autobuses de Haro no cuenta con la instalación de servicios sanitarios, se está vulnerando la Ley 16/1987, el Real Decreto 1211/1990 y la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de la Estación de Autobuses de Haro y, en consecuencia (…) no alcanza, legalmente, la consideración de estación de transporte por carretera de viajeros, incumpliéndose, además, los principios inspiradores de la gestión de la estación de autobuses establecidos en el artículo sexto de la Ordenanza Municipal” que hacen referencia a “intereses generales en materia de transportes, sometimiento pleno al ordenamiento jurídico y las necesidades de las empresas concesionarias, los viajeros y usuarios de la misma como servicio público, cuya titularidad es del Ayuntamiento de Haro”.
Con ese párrafo se resume toda la información recogida en cinco folios en los que se repasa el articulado de la legislación aplicable al complejo habilitado hace décadas en la planta baja de la antigua Casa Cuna y que se ha visto reducido al haber cedido parte de su espacio a la apertura del Punto de Encuentro Familiar de los Juzgados. “Antes de comenzarse la obra se llamó a la Dirección General de Transportes y se le preguntó si era necesario colocar baños (en la estación). La respuesta fue no”, respondió la alcaldesa Rivado a preguntas del concejal del PP, Jesús Rioja, en el último pleno.
En el informe presentado por los concejales del PP este viernes, los técnicos municipales hacen referencia, en concreto, a la ordenanza local aprobada en 1995 para regular ese servicio, ajustándose para ello a las normativas estatal y comunitaria. Uno de ellos el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, “donde expresamente se dispone que la Estación de Autobuses de Haro ha de contar con la prestación de aseos. Para alcanzar tal consideración, las estaciones de transporte de viajeros deberán cumplir las siguientes condiciones”, detalla el informe elevado a la Corporación: “Contar con accesos para entradas y salidas de los vehículos, configurados de modo que no produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones sensibles en la capacidad de circulación normal por las vías colindantes; contar con accesos para entradas y salidas de los viajeros, independientes de los vehículos; poseer dársenas cubiertas en número suficiente para los aparcamientos simultáneos que se precisen; tener andenes cubiertos para subida y bajada de viajeros; contar con zonas de espera independientes de los andenes; contar con instalaciones de servicios sanitarios; poseer dependencias, de uso común o individualizado, para la facturación, consigna y venta de billetes, así como oficina de información, ya sean explotadas por medios propios o a través de terceros”.
Y es algo que reafirma la propia norma local al disponer “de forma expresa” que en la estación “se efectuarán las siguientes prestaciones: información, sala de espera, entrada y salida de viajeros y autobuses, despacho de billetes, consigna, facturación, aseos y la prestación complementaria de cafetería”. Así, la eliminación de los baños públicos no sería, al parecer, el único cambio que situaría a las instalaciones actuales fuera de las disposiciones preparadas por el propio Consistorio.
“Siempre hemos defendido que esa sala de espera debía de tener dichos servicios”
Así, con el informe de los asesores jurídicos del Ayuntamiento en la mano, Alberto Olarte expuso en rueda de prensa la valoración que hacía del caso el PP, crítico con la actuación del equipo de Gobierno “porque siempre hemos defendido que esa sala de espera debía de tener dichos servicios“. Olarte aseguró que había escuchado por parte del equipo de Gobierno “toda una serie de respuestas defendiendo que no hacían falta. Desde la existencia de informes que así lo decían y legislación etatal que amparaba tal actuación o europea que se manifestaba en el mismo sentido, hasta la última respuesta de la alcaldesa, diciendo que había hablado con Transportes de la Comunidad y le habían dicho que no hacían falta, pero sin aportar nada por escrito”.
Por eso, señaló, el Grupo Municipal Popular había requerido un informe jurídico que determinase la solvencia de la reforma introducida en la estación de autobsues y que, según Olarte, “han escondido casi dos meses”.
El portavoz del PP recordó que desde su bancada se presentó una moción “para que se hicieran las obras y se dotara a la estación de servicios sanitarios”, chocándose con el rechazo de los partidos que respaldan al gobierno local. “Les dijimos que era una cuestión de sentido común, ya que los usuarios de la estación, tanto pasajeros, como chóferes, necesitan realizar sus necesidades fisiológicas”. Y ahora el contenido del informe de los letrados municipales, entiende Olarte, ratifica la opinión del PP, que ahora plantea varias preguntas.
“¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejamos todo como está, una estación sin servicios públicos, y seguimos vulnerando la legislación? ¿Hacemos de nuevo obras para dotarla de los mismos?”. Y el PP entiende que “esta segunda opción parece ser la respuesta más razonable” y por ello exige que “realicen las obras para dejar de hacer el ridícilo ya que con su retrolentitud están llevando a la ciudad al siglo XIX”.
Olarte también reprochó que “dejen de despilfarrar el dinero de los jarreros, porque hace muy poco, pero lo poco que hacen está siempre mal hecho o es inservible”. La “situación” en que se encuentran El Barquito, el Vivero de Empresas o el Centro Multiusos Rodríguez Arnáez ‘Mamel’ “son algunos ejemplos”.
