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Andreu: «La Ley de la Cadena Alimentaria logrará unas retribuciones más justas para agricultores y ganaderos»

La presidenta ha clausurado la Jornada sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, organizada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Foto: Gobierno de La Rioja

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido la importancia de la Ley de la Cadena Alimentaria que “va a ser un instrumento útil para lograr unas retribuciones más justas para nuestros agricultores y ganaderos, al dotar de mayor equilibrio y transparencia a la cadena agroalimentaria” y ha insistido en que su cumplimiento “nos beneficia a todos y, por tanto, es una labor colectiva cumplirla y es necesario que todos los actores interesados asumamos el cambio positivo que supone esta norma y hagamos esfuerzos por darla a conocer y, sobre todo, por aplicarla en todos los eslabones de la cadena alimentaria”.

Andreu ha hecho estas declaraciones en la clausura de la Jornada sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, organizada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que se ha celebrado esta mañana en la Bodega Institucional de La Grajera.

La responsable del Ejecutivo regional ha recordado que, con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de esta norma aprobada en diciembre de 2021, el Gobierno regional pondrá en marcha una mesa de trabajo sobre responsabilidad social del sector agroalimentario y promoverá la adhesión de los integrantes de la cadena alimentaria a un manifiesto de precios dignos.

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A este respecto, ha recordado que el Gobierno de La Rioja fue pionero en España “con la creación del Observatorio de Precios con análisis de los costes de producción” y la información publicada por este observatorio servirá de base, además, para elaborar los planes anuales de control que, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, van a facilitar que los precios que se paguen cubran los costes de producción.

Concha Andreu ha calificado la Ley de la Cadena Alimentaria como “una de las reformas clave de la legislatura a nivel nacional” y ha subrayado que pretende dar respuesta “a una reclamación histórica de los productores y de las organizaciones agrarias a la que se ha sumado, recientemente, gran parte de la sociedad”.

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Beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria

La presidenta de La Rioja ha manifestado que “para obtener mejores resultados, tenemos que estar todos interesados en que la ley se cumpla, y trabajar colectiva y efectivamente para ello. En la cadena agroalimentaria, los actores, en cada una de las fases, han de sacar beneficio porque todos trabajan y generan un valor para ese producto final que acaba en nuestras mesas”.

Según la jefa del Ejecutivo riojano, con esta nueva legislación se abre “un nuevo horizonte en el sector agroalimentario. Disponemos ahora de un marco protector y garantista que podemos y debemos utilizar para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. El sector debe evolucionar para cuidar y valorar su eslabón más necesario”.

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Foto: Gobierno de La Rioja

Jornada sobre la Ley de la Cadena Alimentaria

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, ha inaugurado esta mañana en la Bodega Institucional de La Grajera la Jornada sobre la Ley de la Cadena Alimentaria en la que han participado el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, Gema Hernández. Hita ha destacado la contribución de esta jornada divulgativa y la presencia de ambos representantes del Ministerio de Agricultura “para difundir el espíritu y contenido de una Ley que, sin duda, supone un cambio de cultura en la cadena agroalimentaria en favor del equilibrio, la transparencia y la creación de valor en todos sus eslabones, en especial, y esa es su piedra angular, para el sector primario”.

La consejera de Agricultura ha destacado que “el Gobierno de España cumple con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria con un compromiso histórico con el campo español y riojano, yendo más allá de la transposición de la directiva europea de buenas prácticas comerciales en la cadena de suministro de alimentos. Todos nos sumamos a la tarea de avanzar en la equidad y en la igualdad en la cadena agroalimentaria para que sea verdadera creadora de valor, como fomenta la Ley. El compromiso de todos los eslabones de la cadena es el que garantizará el éxito en la aplicación de la Ley para una mayor dignificación, protección y mejor retribución de quienes garantizan nuestro suministro alimentario”.

La Ley de la Cadena Alimentaria del Gobierno de España establece la prohibición de la venta a pérdidas; la transparencia en la formación de precios, con los costes de producción como base de los contratos, así como una mayor transparencia en la contratación, con una obligatoriedad de las relaciones contractuales mediante el registro de contratos, que será operativo desde el 1 de enero de 2023, y en cuya puesta en marcha y actualización colaborarán el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas.

La nueva Ley de la Cadena Alimentaria amplía también el ámbito de aplicación, en el escenario geográfico y de operadores, intensifica la lucha contra las operaciones comerciales desleales y se refuerzan los mecanismos de gestión y control, con una colaboración intensificada entre el Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea. Este marco de colaboración ya ha tomado forma con la constitución del Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución que conforma la AICA con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.

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Foto: Gobierno de La Rioja

Observatorio de Precios: conocer la formación de precios

Hita ha recordado que “el Gobierno de La Rioja ya fue pionero en marzo de 2020 en la puesta en marcha del Observatorio de Precios Agrarios con Análisis de Costes de Producción. La finalidad principal del Observatorio de Precios con Análisis de Costes de Producción es, por tanto, ofrecer información actualizada, sistemática y objetiva sobre la formación de precios a lo largo de la cadena alimentaria; dotar al sector agrario de una herramienta de análisis sobre los costes que soporta el proceso productivo, y comparar los precios pagados en cada una de los eslabones de la cadena hasta llegar al consumidor”. Hasta la fecha se han referenciado 156 análisis de costes de producción en el Observatorio de Precios agrarios de La Rioja.

Con el Ley de Agricultura y Ganadería en fase de redacción, Hita ha afirmado que “el Gobierno de La Rioja da un paso más para que la información del Observatorio de Precios se ponga al servicio del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La futura Ley de Agricultura de La Rioja establecerá que la información del Observatorio de Precios regional sirva de base para el control de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”.

La consejera de Agricultura ha afirmado que “el Gobierno de La Rioja en su proactividad para fomentar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y lograr una cadena agroalimentaria justa y equilibrada impulsará la involucración de todos los integrantes de la cadena agroalimentaria, de un modo transversal e inclusivo, en una mesa de trabajo que promulgue la responsabilidad social con el sector agroalimentario.

De este modo, queremos comprometer a los diferentes integrantes de la cadena agroalimentaria en el pago de precios justos a agricultores y ganaderos y la adhesión a un manifiesto de precios dignos. La jornada de hoy quiere ser, por tanto, el inicio de este compromiso compartido”. “Necesitamos voluntad de todos y todas, como Administración, como productores, como distribuidores, como comercializadores, también, y decisivamente, como consumidoras y consumidores desde un acto de compra responsable y consciente para que el precio que paguemos por nuestros alimentos permita la viabilidad y rentabilidad de las pequeñas explotaciones familiares que preservan y mantienen nuestro medio rural vivo y sostenible”, ha enfatizado.

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Una ley para crear valor en los precios

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha asegurado que la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria “es un ejercicio colectivo que depende del concurso de todos”. Miranda ha destacado que España “siempre ha ido por delante de la regulación de las prácticas comerciales desleales y en el impulso la Ley de la Cadena” en el contexto de la Unión Europea.

En este sentido, ha mencionado que “esta segunda generación de la Ley de la Cadena Alimentaria” –una vez modificada la Ley de la Cadena de 2013 y traspuesta la Directiva del Parlamento Europeo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos- “es notablemente más ambiciosa que ley de 2013 y la directiva europea. Permite formar una mejor cadena de valor y que los beneficios que busca la ley lleguen a todos los eslabones, especialmente para el sector primario”. Miranda ha subrayado que “la existencia de este elemento legislativo nos permite tener un instrumento sobre el que crear valor en los precios”.

El secretario general de Agricultura ha enfatizado que “la pieza clave de la ley es el contrato escrito. El primer elemento de control es el contrato y es lo que da estabilidad a la relación entre las partes, que quedan regladas. El contrato es un vehículo de ordenación de la oferta. Es una cultura que tenemos que ir asimilando. Tenemos que permearlo en nuestra forma de hacer”. Asimismo, ha apelado al sector a “hacer la contratación lo más anticipada posible para mejorar la posición que tiene el sector primario al negociar” y ha recomendado que “el contrato sea plurianual para dar seguridad y estabilidad a todo el sector”.

En relación a la formación del precio, ha subrayado que “la ley establece que el precio que se establezca en el contrato tiene que estar por encima del coste efectivo de producción”. Y ha resaltado que “para todos los eslabones de la cadena se tiene que ir añadiendo valor. Con eso se logra que la transmisión del valor al consumidor final para que le llegue la verdadera percepción del coste del producto”.

Miranda ha valorado la definición en la Ley de la Cadena Alimentaria de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas. “Hemos conseguido un elemento multiplicador de la capacidad de aplicación de la Ley, con la coordinación de AICA”.

Obligatoriedad de los contratos por escrito independientemente del tamaño de las partes
La directora general de AICA, Gema Hernández, ha hecho hincapié en el establecimiento en la Ley de la Cadena Alimentaria “de la obligatoriedad de los contratos por escrito que se amplían a todas las relaciones comerciales, independientemente del tamaño de ambas partes”. La excepción a esta obligatoriedad serán los contratos menores a 1.000 euros. La ausencia de contrato por escrito o la no incorporación en el contrato alimentario del precio será considerada infracción grave y sancionable. También se considerará infracción grave modificar el precio, objeto, condiciones de pago o condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos incluidos en el contrato, ha detallado.

Hernández ha recordado que no existe un modelo de contrato alimentario, sino que su contenido viene recogido en el propio articulado de la Ley de la Cadena Alimentaria. Asimismo, ha informado de que los contratos alimentarios deben formalizarse siempre antes de la entrega de los productos, firmarse y registrarse con todas las modificaciones que se sucedan en el tiempo en un registro digital que será operativo desde el 1 enero de 2023.

La directora de la AICA ha subrayado “la importancia de que exista una negociación comercial previa, con un tiempo prudencial, lógico, en el que podamos establecer las partes del contrato y el precio como principal elemento”. El precio, ha insistido, deberá ser superior en todo caso al total de los costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, en el que se incluyen costes como semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y energía, maquinaria, costes de riego, alimentos para animales, amortizaciones, etcétera.

Hernández ha enfatizado que “cada operador de la cadena deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. La destrucción de valor está tipificada como infracción grave. Esta prohibición de la destrucción de valor en la cadena afecta a todos los operadores de la cadena”.

Las actuaciones de control que lleve a cabo AICA, ha informado la directora del organismo, se articulan dentro de un Plan de Control Anual que incluye un programa general de vigilancia con comprobaciones de oficio; un programa de indicios por la existencia de indicios razonables de incumplimiento de la Ley de la Cadena de 2013, y un programa de denuncias.

El programa de la jornada también ha integrado una mesa redonda, moderada por la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, en la que se ha abordado las relaciones comerciales justas como un trabajo de todos en La Rioja. En ella han participado la directora de AICA, Gema Hernández; el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca; el gerente del Grupo Rioja, Íñigo Torres, y director de Alcampo, Andrés Cervan; el director de Contabilidad de Frutas Solano, Eduardo Cristóbal, y el gestor-técnico de Euroconsumo, Luis Javier Torres.

En ella se han puesto en común acciones y propuestas para avanzar en la creación de valor con un reparto equitativo y transparente en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria y se ha remarcado la importancia de la educación y pedagogía para favorecer la adaptación al cambio de cultura de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como la importancia de impulsar Códigos de Buenas Prácticas para certificar la sostenibilidad en las relaciones comerciales.

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