La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, se han reunido esta tarde con los alcaldes y representantes de trece municipios de La Rioja para diagnosticar la situación de los trabajadores temporales en las campañas agrícolas y la vendimia ante COVID-19.
La reunión forma parte de los contactos establecidos por el Gobierno de La Rioja con el sector y las administraciones locales en un momento en el que el Ejecutivo ultima un protocolo con criterios y recomendaciones para contribuir a garantizar la salud pública en alojamientos, desplazamientos y operativa agrícola.
En la reunión han estado presentes los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto, Alfaro, Autol, Navarrete, Entrena, Cenicero, San Asensio, Haro, San Vicente de la Sonsierra, Briones y Nájera además de la concejala de Urbanismo y Agricultura de Calahorra.
Pandemia de COVID-19
“Sois nuestros ojos en el terreno. Esta pandemia de COVID-19 nos ha puesto a prueba a todos. Lo más doloroso ha sido la pérdida de vidas humanas. Y esta crisis ha tenido también unas grandísimas consecuencias sociales y económicas. Estamos convencidos de la importancia de trabajar coordinados las administraciones y los organismos representativos del sector, asumiendo cada uno nuestras responsabilidades, para abordar esta situación prioritaria para la salud pública”, ha asegurado la consejera de Agricultura, Eva Hita.
Asimismo, la consejera ha anunciado que las oficinas del SAC albergarán una oficina del trabajador agrario, como punto de información de sus derechos, obligaciones y también de las precauciones sanitarias que deberán tener en cuenta en la presente campaña.
Desde la Administración local se ha trasladado la necesidad de conocer cómo abordar la realización de pruebas PCR y el alojamiento de las personas sin contrato de trabajo, cumpliendo los requisitos sanitarios que se derivan del COVID-19, además de cómo hacer el seguimiento de los movimientos de trabajadores de una localidad a otra.
Hita ha animado a las autoridades locales a la colaboración para identificar contrataciones y alojamientos ilegales. “Desde el Gobierno de La Rioja se aplicará el régimen sancionador previsto en la máxima graduación, porque estamos ante un tema trascendental de Salud Pública”, ha subrayado.
La directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, ha destacado la puesta en marcha de los Comités de Cuidados Rurales que se deriva del Plan de Desescalada Rural. “No van a suplir nuestra responsabilidad como Gobierno. Pero son una estructura que aporta las labores de observación concreta de lo que ocurre en el territorio, el papel de asesorar y las acciones divulgativas de cómo abordar la seguridad sanitaria en el contexto de COVID-19 con la mirada local”.
En este punto, ha recordado que los técnicos de desescalada que forman parte de los comités serán el nexo entre los ayuntamientos y las autoridades regionales para trasladarles la situación en cada territorio.
