Me consta que este debe ser un artículo de opinión. Opiniones que, con frecuencia, suelen ser subjetivas y siempre particulares. Pero este texto, más allá de mi mera opinión, también incorpora una cronología cuantificada en hechos y en el tiempo.
En concreto, desde el año 2013 hasta nuestros días, un periplo que demuestra la trayectoria parlamentaria de la ultraderecha y su sistemática oposición a la subida de las pensiones públicas y a prácticamente todas las medidas de protección social. Evidencias que no responden a un desliz, ni a un error, ni siquiera a un malentendido: forman parte de un proyecto político con una estrategia consciente y con consecuencias sociales intencionadas.
Porque en política hay muchas formas de confundir, pero solo una de comprobar la verdad:
Mirar qué se vota y quién lo hace.
No se trata de la promesa electoral en campaña, ni de las excusas posteriores, ni de los bulos amplificados. Se trata del voto, ese voto que valida el hecho y revela la intención política.
Y cuando se observa el recorrido de la derecha española a lo largo de la democracia, PP siempre, Vox recientemente y, en momentos clave, Junts, el patrón es inequívoco: oposición sistemática al refuerzo del escudo social y a la protección de las pensiones públicas. Una línea temporal sin ambigüedades.
Vamos a ello: Entre 2013 y 2017, con mayoría absoluta, el Partido Popular aprobó una reforma que desligó la subida de las pensiones del IPC e introdujo el Índice de Revalorización. El resultado fueron subidas mínimas del 0,25 % anual, incluso en escenarios de inflación elevada.
El efecto fue evidente: durante varios años, millones de pensionistas perdieron poder adquisitivo real. Una decisión política consciente con consecuencias sociales directas.
Tras la salida del PP del poder, entre 2018 y 2022 se intentó revertir ese daño y volver a vincular las pensiones al coste de la vida. ¿Qué sucedió? El PP votó en contra o se abstuvo en iniciativas clave. Vox fue aún más explícito, rechazando cualquier fortalecimiento del sistema público. El tándem ultraliberal PP-Vox defendía más recortes y privatizaciones encubiertas, incluso en un contexto marcado por la pandemia y la tragedia vivida en muchas residencias, especialmente en la Comunidad de Madrid.
Avancemos en el tiempo: 2023–2026. El escenario cambia de forma, pero no de fondo. Veamos votaciones recientes a decretos que incluían:
Subidas de pensiones.
Ingreso Mínimo Vital.
Ayudas al transporte.
Protección frente a desahucios.
Prohibición de cortes de suministros básicos.
El resultado se repite: PP, Vox y Junts votan en contra, alegando que se trata de “leyes ómnibus”.
Y este punto es clave. Cuando las subidas de pensiones y medidas sociales se han presentado de forma individual, fuera de leyes ómnibus, la oposición también se ha producido.
Ha ocurrido con iniciativas específicas para:
Revalorizar las pensiones conforme al IPC.
Blindar su poder adquisitivo por ley.
Reforzar mecanismos concretos de protección social.
Es decir, la negativa no depende del formato legislativo. La ley ómnibus no es la causa, sino la excusa.
Votaciones documentadas
2013–2017 (Gobierno del PP)
Diciembre de 2013
Ley 23/2013 de reforma del sistema de pensiones.
Desvincula las pensiones del IPC.
Introduce subidas mínimas del 0,25 %.
Aprobada con mayoría absoluta del PP.
2 de diciembre de 2021
Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
Vuelve a vincular las pensiones al IPC.
Vox vota en contra.
PP se abstiene en la votación final.
22 de enero de 2025
Decreto-ley con subida de pensiones y medidas del escudo social.
Votan en contra: PP, Vox y Junts.
27 de enero de 2026
Decreto-ley del escudo social con revalorización de pensiones y protección frente a desahucios y cortes de suministros.
Votan en contra: PP, Vox y Junts.
Ese es el precio de su cinismo político: lo pagan nuestros padres y abuelos pensionistas, a quienes se les niega una y otra vez mantener con dignidad su nivel de vida.
Lo paga también la clase trabajadora, privada de redes de protección frente a crisis e inflación; las personas migrantes, convertidas en chivo expiatorio; y las mujeres, especialmente las víctimas de violencia de género, cuando se cuestionan políticas públicas de protección. Las minorías más vulnerables son siempre las primeras en quedar fuera.
El bulo como herramienta política
Uno de los engaños más persistentes es afirmar que “no se vota contra las pensiones, sino contra el procedimiento”. Es falso.
Desde el punto de vista legislativo, bloquear una norma que contiene una mejora social equivale a impedir su aplicación. En democracia no existen intenciones abstractas: existen consecuencias materiales.
Todo ello responde a un proyecto ideológico reconocible: la defensa del ultraliberalismo económico radical, una ideología que considera el Estado social un obstáculo.
Un discurso que minimiza la desigualdad estructural y responsabiliza al individuo de todos sus males, mientras se promueven recortes, desregulación y debilitamiento de derechos.
Ese esquema, visible hoy a escala global, pone en riesgo la democracia y el bien común. En España, PP y Vox han votado sistemáticamente en esa dirección cada vez que ha habido que elegir entre proteger a la mayoría social o defender una agenda económica alineada con intereses de élites.
Los discursos cambian. Las excusas también. Pero los votos dejan rastro.
El ataque a las pensiones públicas, al escudo social y a los derechos de las minorías más vulnerables no es un error ni un malentendido. Es un objetivo político.
Miguel García Urquidi es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Haro
