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La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja ha emitido un informe “contundente” contra el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, en el que certifica la comisión de “numerosas infracciones” en materia de prevención de riesgos y salud laboral, como destacan desde el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF).
El sindicato recuerda que la investigación se inició tras la denuncia de un funcionario de Policía Local que fue “ilegalmente separado del servicio en 2021”. El agente continúa a la espera de que la corporación municipal ejecute la sentencia firme del Tribunal Supremo, dictada en mayo de 2024, que obliga a su reincorporación y al pago de los salarios dejados de percibir durante estos años.
En su denuncia ante Inspección, señalan desde SRPF, el policía enumeraba hasta seis vulneraciones de sus derechos, entre ellas la falta de reconocimiento médico, la prohibición de portar su arma reglamentaria, la ausencia de chaleco antibalas o la ejecución de “órdenes humillantes y vejatorias”. Todas estas situaciones, alegaba, formaban parte de “un escenario de acoso laboral”.
Según el sindicato, el informe de la Inspectora confirma cada una de estas denuncias y subraya que el Ayuntamiento incurrió en una infracción “tipificada y calificada como grave” de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El documento también revela que el Consistorio “no implantó” las medidas preventivas frente a riesgos psicosociales recomendadas en la Evaluación de Riesgos Laborales realizada en 2021, que incluía propuestas como “dotar de recursos y equipamiento de calidad”, “crear órganos de prevención de riesgos laborales” o “fomentar estilos de mando democráticos”. Además, la Inspectora constató “la inexistencia de medida preventiva alguna frente a riesgos de acoso” y la ausencia de un protocolo específico para gestionar estas conductas.
Reacciones del sindicato
El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF), al que pertenece el funcionario, ha calificado el caso de “grotesco y perturbador”. En un duro comunicado, afirma que “la política de hostilidad y violencia que emplea el Ayuntamiento contra este trabajador no tiene precedentes; Santo Domingo de la Calzada ostenta el vergonzoso título de apadrinar el mayor caso de acoso laboral funcionarial de la historia de España”.
“El despido ilegal de este agente de policía se suma ahora al devastador informe de Inspección de Trabajo, sin olvidar las múltiples condenas del Defensor del Pueblo, lo que no hace otra cosa que refrendar el acoso voraz y salvaje de este Ayuntamiento contra un trabajador cuyo único delito fue luchar sin tregua contra la vulneración de sus derechos y los de sus compañeros”, añade el sindicato.
El SRPF ha anunciado que su departamento jurídico prepara nuevas acciones legales. Entre ellas, una denuncia en lo contencioso-administrativo para exigir indemnización por las infracciones y la depuración de responsabilidades contra los autores, “siendo en algunos casos susceptibles de delito penal”.
Según el sindicato, el primer procedimiento se centrará en la falta de reconocimiento médico obligatorio y en la ausencia de adaptación del puesto a las limitaciones médicas del funcionario. Esta situación, sostienen, “provocó que durante meses estuviera desempeñando funciones que agravaban su estado de salud, al punto de cronificar su enfermedad”.
El sindicato señala directamente al alcalde, al concejal de Policía, al concejal de Personal y al jefe accidental de la Policía Local como “responsables de este acto administrativo sucio y acosador”, y asegura que “deberán dar las explicaciones oportunas delante de un juez por los delitos de prevaricación y contra las normas de prevención en materia de Seguridad y Salud”.
