La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro ha convocado una nueva asamblea abierta a la ciudadanía para este viernes, 13 de noviembre, a las 17:00 horas en el Edificio Multiusos Mamel. El colectivo, que asegura haber reunido casi 700 apoyos entre las firmas recogidas en Change.org y en papel, reclama al Ayuntamiento que publique la documentación relativa al servicio municipal de agua y abra vías de diálogo.
La plataforma pide conocer las condiciones exactas del servicio, las tarifas máximas y los mecanismos de control público sobre la empresa adjudicataria. También cuestiona las consecuencias económicas que podría tener para los usuarios la contratación de una empresa externa.
Según explica en un comunicado, el informe elaborado por el arquitecto municipal “continúa sin hacerse público” y el colectivo solo ha podido acceder a su contenido a través de los grupos de la oposición. En respuesta a las declaraciones del primer teniente de alcalde, Rafael García Vargas, que afirmó en el pleno extraordinario del 29 de octubre que “todo ciudadano debería leer el informe”, la plataforma señala: “Lo habríamos leído si no se hubiesen denegado todas las peticiones del documento realizadas hasta el momento sin ninguna justificación”.
El colectivo sostiene que el documento recoge las obligaciones legales del abastecimiento y analiza los medios municipales disponibles, pero cuestiona cómo justifica las carencias que identifica. Frente a la contratación externa, defiende destinar recursos a la plantilla y a los medios propios del Ayuntamiento: “Los 2,6 millones que pretenden emplear en contratar a una empresa externa bien podrían destinarse a reforzar los medios propios”.
En este sentido, la plataforma considera que “este informe no justifica en absoluto que la privatización sea la única o la mejor salida”. Asimismo, sostiene que no se han realizado tres trámites que considera necesarios: una memoria justificativa que compare la sostenibilidad y eficiencia de las formas de gestión, un informe de insuficiencia de medios y una evaluación de la sostenibilidad financiera por parte de la Intervención municipal.
“La supuesta rebaja del 21% en las tarifas no garantiza un ahorro real para el vecino”
Respecto al anuncio municipal de reducir un 21% las tarifas, el colectivo afirma que “la supuesta rebaja del 21% en las tarifas no garantiza un ahorro real para el vecino”. Tras consultar, según indica, con profesionales del sector de municipios cercanos, plantea que los costes asociados a la lectura y al alquiler de nuevos contadores podrían repercutir en las facturas. También cuestiona que la sustitución anunciada de 1.000 dispositivos constituya una innovación, al considerar que podrían haber agotado ya su vida útil.
La plataforma continuará examinando la documentación disponible y solicitando aclaraciones jurídicas y técnicas. De cara a la asamblea del viernes, subraya su carácter ciudadano: “Queremos recordar que a pesar de que varias formaciones políticas han mostrado su apoyo, la iniciativa es estrictamente apartidista y ciudadana”.
