- La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro denuncia un “veto” al acceso de vecinos al pleno
- Haro inicia la externalización del mantenimiento del agua y aprueba rebajar un 21% las tarifas de consumo
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro ha defendido este viernes el expediente iniciado en el pleno del jueves “en ningún caso supone una renuncia a la titularidad municipal” del servicio de aguas. Sostienen que el servicio y todas sus instalaciones “es y seguirá siendo municipal” y que el Consistorio conservará las competencias de dirección, planificación, supervisión y control con “un servicio municipal de aguas eficiente, moderno y sostenible”.
El pleno aprobó el jueves iniciar el expediente de contratación con los votos del PP, Por La Rioja y Ciudadanos, la abstención de Vox y la salida del PSOE de la sala. Desde el equipo de Gobierno describen el expediente como un proceso para “estudiar y definir la fórmula más adecuada” para optimizar el funcionamiento del servicio.
El acuerdo plenario, por su parte, inicia la contratación de la operación y el mantenimiento del abastecimiento de agua potable, las reparaciones de las redes y la renovación de contadores, con un presupuesto estimado de 2.640.150 euros sin IVA y una duración inicial de tres años, con uno más de prórroga.
Rebaja del 21%
El Ayuntamiento anuncia que la propuesta permitirá reducir un 21% las tarifas y asegura que beneficiará “directamente a todos los vecinos de Haro”. La rebaja corresponde a la modificación de la ordenanza fiscal, que recibió aprobación inicial el jueves y afecta a las tarifas de consumo doméstico, no doméstico e industrial; la de riego y llenado de piscinas se mantiene. La modificación debe someterse a información pública durante treinta días hábiles y se aplicará desde el primer periodo trimestral de facturación posterior a su publicación.
La alcaldesa, Guadalupe Fernández, ha afirmado que que las mejoras y la modernización del servicio “son compatibles con una reducción del 21% en las tarifas del agua”. Ha añadido también que el objetivo es “un servicio mejor, más eficiente y más moderno” y que, al mismo tiempo, “los vecinos paguen menos”.
Mejoras ya ejecutadas
El Gobierno repasa lo que describe como “importantes mejoras” realizadas durante la legislatura: reparación de fugas, sistemas de riego inteligente, telecontrol y comunicaciones, equipos de medición continua de cloro libre, sondas y controlador de turbidez, medición del nivel de los depósitos y una nueva caseta de cloración con bombas dosificadoras. “No estamos hablando de promesas ni de actuaciones sobre el papel. Estamos hablando de trabajo que ya se ha realizado”, ha señalado Fernández, que defendió haber tomado decisiones “con rigor y responsabilidad”.
La alcaldesa ha cerrado la comparecencia reiterando que “el agua no se vende” y que el Ayuntamiento mantendrá la responsabilidad sobre la dirección, planificación, supervisión y control del servicio. “No se trata de mantener las cosas como están por comodidad, sino de trabajar para que los servicios municipales funcionen cada día mejor”, afirmó.
Rechazo a la externalización del servicio de aguas
El debate sobre el futuro del servicio municipal de aguas de Haro comenzó en junio. El PSOE denunció entonces que el tripartito abría “la puerta a la privatización” y mostró su preocupación por una posible externalización de funciones del servicio. A finales de ese mes, CSIF, CCOO y UGT expresaron su rechazo y advirtieron del impacto sobre el empleo y la calidad de la prestación.
En julio, los sindicatos acusaron al Ayuntamiento de Haro de seguir avanzando sin facilitar documentación ni reunirse con los representantes de los trabajadores. La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro, constituida este octubre, la integran Ecologistas en Acción, Acampada por Palestina, CCOO, UGT, PSOE, PCE y Podemos. Puso en marcha una recogida de firmas en Change.org, que según el colectivo reunió casi 500 apoyos en una semana, y anunció una moción para el pleno en la que reclama transparencia, participación ciudadana y un modelo público de gestión.
Antes del pleno, la plataforma pidió conocer qué funciones se transferirían, durante cuánto tiempo y mediante qué modalidad contractual, y aseguró que la oposición tampoco disponía de esa información. Los sindicatos plantearon mantener a los dos trabajadores municipales y limitar la contratación externa a las guardias.
Externalizar o privatizar
En el ámbito municipal se suele distinguir entre ambos conceptos. Externalizar, o gestión indirecta, significa que el Ayuntamiento conserva la titularidad del servicio y encarga su prestación o parte de ella a una empresa mediante un contrato o una concesión, con capacidad para fijar las tarifas, controlar el servicio y recuperarlo al terminar el contrato. Hablar de privatización en sentido estricto implicaría transferir la propiedad de las infraestructuras o del servicio, algo poco habitual en el abastecimiento de agua, que la normativa local atribuye a los ayuntamientos como servicio esencial.
El caso de Arnedo
En La Rioja, por ejemplo, el servicio de aguas de Arnedo lleva años gestionado por una empresa privada. El alcalde socialista, Javier García, firmó en 2022 con FCC Aqualia el contrato de concesión del abastecimiento de agua y alcantarillado. La empresa resultó adjudicataria entre las seis que concurrieron, y el contrato dura diez años con un precio de 0,89 euros más IVA por metro cúbico facturado. Aqualia asumió además la construcción de un nuevo depósito de agua potable, con una inversión de alrededor del millón de euros.
Los dos contratos difieren en duración y alcance. La concesión de Arnedo abarca el servicio completo durante diez años. El expediente que inicia Haro prevé una duración de tres años, con uno más de prórroga, y comprende la operación y el mantenimiento del abastecimiento, las reparaciones de las redes y la renovación de contadores; su alcance definitivo se fijará en los pliegos, que aún no están elaborados.
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