La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro ha revisado los pliegos con los que el Ayuntamiento licita el servicio de agua y cree que el procedimiento podría ser nulo. El colectivo ha hecho públicas este viernes sus conclusiones sobre el expediente 1920641H/2026, publicado el 12 de noviembre. Este expediente incluye la operación y el mantenimiento del abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la renovación de contadores.
Según la documentación de la licitación, el valor estimado del contrato es de 2.640.150 euros, es decir, 754.073,42 euros al año con el IVA incluido.
Un único lote para redes y contadores
La principal objeción de la Plataforma tiene que ver con los lotes. Según los pliegos, el contrato junta en un solo lote dos servicios. Uno es el mantenimiento de redes y saneamiento, con 445.719,49 euros al año. El otro es el suministro e instalación de contadores, con 308.353,93 euros al año, el 40,9% del presupuesto. La Ley de Contratos del Sector Público pide como norma general dividir los contratos en lotes para que puedan entrar las pymes.
El colectivo sostiene que la memoria justificativa “se limita a reproducir literalmente una frase genérica de la ley” y no incluye ningún informe técnico que explique la decisión. También recuerda que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado pliegos por usar ese tipo de fórmulas.
La Plataforma señala además que los pliegos dicen dos cosas distintas sobre la subrogación del personal. Por un lado, recogen que “no se considera obligatoria”. Por otro, el anexo VIII aplica el VII Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral del Agua, que según el colectivo sí la regula. En ese anexo figuran seis puestos con sus retribuciones, pero no la antigüedad, el tipo de contrato ni el desglose por género, datos que la ley exige.
La cláusula 10 también recibe críticas. Pide un “personal mínimo” sin decir cuántos operarios ni con qué jornadas. Además, obliga a que cualquier alta, baja o cambio de trabajadores de la empresa tenga “autorización expresa del Ayuntamiento”. La Plataforma considera que esa condición choca con la ley y que podría dar lugar a reclamaciones contra el Consistorio por “cesión ilegal de trabajadores”.
Sin fondos europeos
La licitación indica que “no hay financiación con fondos de la UE” ni otras subvenciones, así que el Ayuntamiento pagará el contrato con recursos propios. Para el colectivo, esto podría obligar a recortar otras partidas y supone “una hipoteca” para el equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones municipales. También defiende que la gestión privada suma a la factura el beneficio de la empresa adjudicataria, un sobrecoste que “acabará saliendo directamente del bolsillo de los vecinos”.
La Plataforma también se queja de dos episodios recientes. El primero ocurrió en el pleno del 29 de octubre, en el que se votó este expediente. Según su versión, ese día las puertas del salón de plenos se abrieron con mucha más antelación que los 10 o 15 minutos de costumbre. Cuando llegaron los vecinos, los asientos del público ya estaban ocupados por “personas allegadas y simpatizantes del equipo de gobierno”. Tampoco se les dejó seguir la sesión de pie o con las puertas abiertas, algo que sí se había permitido en otros plenos con el aforo completo.
El segundo tiene que ver con Ecologistas en Acción, que forma parte de la Plataforma. El colectivo pidió una sala municipal para hacer una asamblea y, según la nota, recibió varias llamadas “en un tono poco acorde con la normalidad democrática”. En esas llamadas se le preguntó por los temas que iba a tratar y se le puso como condición que la reunión fuera estrictamente interna.
“Instamos al equipo de gobierno a paralizar unos pliegos que presentan serios vicios legales y encarecen el servicio con beneficios privados a costa del bolsillo vecinal, y a garantizar el libre acceso de los vecinos a los espacios y debates públicos”, reclama la Plataforma.
Según el mismo comunicado, el colectivo ha repartido folletos informativos gratuitos por los comercios de Haro. También anima a los vecinos a ir a sus próximas asambleas y a firmar su petición en Change.org, que ya tiene más de 700 firmas.





