La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja ha celebrado su primer Comité Regional Constituyente, máximo órgano entre Congresos, con la vista puesta en la compleja situación económica y social que atraviesan muchas personas mayores riojanas y conscientes de la necesidad de reforzar las políticas públicas de protección social. Por ello, la resolución aprobada por el comité subraya “la trascendencia de los resultados de las próximas elecciones generales para el futuro de los derechos, las condiciones de vida y el bienestar de millones de personas jubiladas, pensionistas y mayores”, teniendo en cuenta “los importantes desafíos sociales, económicos y demográficos” que marcarán la próxima legislatura.
Entre estos retos, UJP UGT cita como principales el envejecimiento de la población, la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas, la atención a la dependencia, la calidad de los servicios públicos, las dificultades de acceso a la vivienda y las distintas formas de discriminación social y exclusión que afectan a las personas mayores.
Mantener y reforzar el sistema público de pensiones
La Organización considera que estas cuestiones deben formar parte central del debate electoral y han elaborado un decálogo de medidas para la siguiente legislatura que trasladarán a las distintas formaciones políticas para su toma en consideración. “La defensa del sistema público de pensiones, el blindaje de las pensiones en la Constitución y la garantía de su poder adquisitivo” encabezan este listado de exigencias. “Nuestra organización ha defendido históricamente el sistema público de pensiones”, por lo que subrayan como prioritario el compromiso expreso de las fuerzas políticas para “mantener y reforzar el sistema público de pensiones, garantizando su revalorización conforme al IPC, su suficiencia y su carácter solidario, público y de reparto”, abunda. Además, instan a “mejorar las pensiones mínimas y no contributivas y continuar reduciendo la brecha de género”.
Por otro lado, UJP UGT insta a la aprobación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores “que reconozca y garantice estos derechos y refuerce su protección jurídica” para “garantizar su dignidad, autonomía, igualdad y participación social”, así como “garantizar una financiación suficiente y estable, reduciendo los tiempos de espera, en Dependencia”.
Otras de las medidas incluidas en el decálogo instan a reforzar la sanidad pública y desarrollar un Plan Estatal de Salud y Personas mayores, garantizar una vivienda digna y reforzar la protección frente al desahucio de personas vulnerables, y desarrollar políticas estatales contra la soledad no deseada, el maltrato y el edadismo.
Todo ello junto a la garantía de “participación efectiva de las personas mayores a través de sus organizaciones en todo el territorio” y promover “un pacto intergeneracional por el Estado de Bienestar”.
El Comité constituyente de la Unión de Jubilados y Pensionistas contó con la participación del secretario general estatal, Anatolio Díez Merino, y aprobó la incorporación de Pilar Alejandre Castillo en la Comisión Ejecutiva regional, entre otras cuestiones.
