El pasado mes de mayo el Gobierno de La Rioja y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas alcanzamos un acuerdo en el marco del Diálogo Social con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras de cara al retorno progresivo de la actividad económica y productiva de las empresas en La Rioja. Siendo las directrices de actuación también de aplicación en las empresas que han continuado desarrollando su actividad, como las residencias de personas mayores.
El acuerdo sitúa el papel clave de las empresas a través de sus Servicios de Prevención Ajenos para conseguir el objetivo de “asegurar la aplicación efectiva de las instrucciones establecidas en las normas legales y guías de buenas prácticas y para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 en los centros de trabajo”, recuerdan desde CCOO La Rioja. “Revisando y actualizando las evaluaciones de riesgos y la planificación de las medidas preventivas, para adaptarlas a cada actividad, a cada empresa y centro de trabajo para poder afrontar la situación generada por la pandemia que estamos atravesando”, señalan desde el sindicato.
“Zonas de sombra” en los centros de personas mayores
En el seguimiento de este acuerdo “hemos constatado que la actividad en las empresas y centros de trabajo es segura en líneas generales y que se mejora día a día en materia de prevención contra el COVID, por eso desde CCOO manifestamos nuestra valoración positiva de los resultados del acuerdo”. “Pero el análisis del seguimiento y coordinación tiene zonas de sombra, especialmente en los centros de personas mayores, donde se ha situado desde marzo el epicentro de la pérdida de vidas”, reconocen desde el sindicato.
Desde el punto de vista laboral los centros de personas mayores “están siendo en esta segunda ola las empresas menos seguras, para personas usuarias y trabajadoras”. Esta preocupación de CCOO ha sido “manifestada recientemente también por la propia Consejería de Asuntos Sociales y Gobernanza Pública, que afirmó que las empresas no están cumpliendo con sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos respecto a sus trabajadoras y trabajadores, una circunstancia que la representación de los trabajadores lleva advirtiendo desde hace meses en los distintos centros de trabajo, y que es competencia de Relaciones Laborales”.
El compromiso de la Consejería de Desarrollo Autonómico, y en concreto de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, es “realizar la coordinación operativa con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como con las autoridades sanitarias para cumplir con las pautas y recomendaciones de aplicación”, subrayan desde CCOO.
En la situación actual “la denuncia de estos incumplimientos ante la Inspección de Trabajo no resulta operativa, ni eficaz para el objetivo inmediato de proteger la salud de las personas trabajadoras y usuarias frente al COVID”, señalan.
“Desde CCOO apostamos por establecer actuaciones específicas en las residencias de mayores y aprovechar al máximo los recursos disponibles como los que establece el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública y de prevención de riesgos laborales”, explican.
Por ello desde CCOO “consideramos urgente la convocatoria de una reunión con participación de responsables de las consejerías de Desarrollo Autonómico, Asuntos Sociales y Gobernanza Pública, y Salud, junto con las organizaciones que alcanzaron el acuerdo para coordinar actuaciones y trasladarlas a las empresas del sector, para la mejor protección de la salud y la vida de las personas trabajadoras y usuarias”, indican.
