Lo ocurrido ante las puertas del Parlamento riojano este miércoles 11 de febrero de 2026 marca un punto de inflexión en la fisonomía de la política española. El debate sobre el campo no es nuevo; llevamos más de dos siglos intentando descifrar su encaje. Ya en la Ilustración, Jovellanos abogaba en su Informe sobre la Ley Agraria por la liberalización y tecnificación del sector. Más tarde, el regeneracionismo de Joaquín Costa apostaba por una política hidráulica ambiciosa y el colectivismo como fórmula de competitividad.
Sin embargo, en nuestra democracia reciente, la modernización de España se cimentó sobre la subvención como terapia, sustituyendo la economía productiva por una de subsistencia dirigida. Tras un siglo XXI dominado por el paradigma ecologista, nuestro campo ha perdido competitividad bajo el peso de una burocracia que regula cada micra de tierra. El resultado es una paradoja cruel: un producto más seguro, pero prohibitivo para el productor y el consumidor. A estas exigencias se han sumado el encarecimiento de los insumos y el incumplimiento flagrante de la Ley de la Cadena Alimentaria. Hasta ahora, los responsables gubernamentales se escudaban en la “impepinable” transición verde. Pero todo ha saltado por los aires cuando las oligarquías se han alineado con el tratado de Mercosur. Este acuerdo no es solo una contradicción más; es la sentencia de muerte competitiva para nuestros agricultores y la demolición de cualquier discurso sobre la sostenibilidad real.
Se legisla para los grandes lobbies y las potencias exportadoras mientras se sacrifica la soberanía alimentaria europea
Para entender esta irracionalidad legislativa, no basta con mirar a Madrid o Logroño; hay que mirar al corazón de la Unión Europea. Las decisiones que hoy asfixian a La Rioja huelen a la podredumbre de los despachos belgas. No es una teoría de la conspiración: los escándalos de corrupción conocidos como “Qatargate” y “Marruecosgate” han destapado cómo potencias extranjeras y grandes corporaciones compran voluntades de eurodiputados a golpe de soborno. Cuando vemos a la Comisión Europea negociar “a escondidas” etiquetas trampa para el producto marroquí o abrir las puertas de par en par a Mercosur, el Cui bono (¿a quién beneficia?) se responde solo. Se legisla para los grandes lobbies y las potencias exportadoras mientras se sacrifica la soberanía alimentaria europea. La corrupción no solo es el dinero que cambia de manos; es la traición sistémica de quienes, sentados en cómodos despachos, han vendido el futuro del agricultor español a cambio de intereses ajenos.
En esta circunstancia, ver a los cargos políticos renegar de las siglas de sus propios partidos en la puerta del Parlamento es un ‘flatus vocis’. Son palabras huecas de quienes, a la hora de la verdad, obedecen las órdenes que vienen de ese Bruselas bajo sospecha. En este caldo de cultivo se multiplica el apoyo a Ángel Alda. El líder de Vox en la región es percibido por el sector como el único actor congruente desde Bruselas hasta Logroño.
Megáfono en mano, apeló a la coherencia entre las palabras y los hechos e invitó a los presentes a pedir cuentas a los políticos, desde su pueblo hasta la región, sin permitir que el tiempo haga el olvido. Como recordaba la canción interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel: “Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.
En conclusión, sirva este artículo como advertencia, no asistimos a una simple protesta, sino a la reactivación de la distinción entre amigo y enemigo de Carl Schmitt. Al hablar de la traición, Schmitt señalaba a quienes rompen la unidad del bloque propio para favorecer intereses ajenos. El campo ya ha identificado quiénes son sus aliados y quiénes, bajo el disfraz de servidores públicos, son traidores, bien por acción, bien por omisión. Obras son amores, no buenas razones, y el campo necesita acciones. Una nación se construye, necesariamente, desde la concordia -concordis-, no dejemos a nadie atrás.




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