El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha anunciado en el Parlamento de La Rioja la puesta en marcha de una campaña de información, asesoramiento y tramitación de las solicitudes de devolución de las retenciones realizadas en las prestaciones de maternidad y paternidad desde 2014 “para que los posibles afectados puedan hacer efectivo su derecho a exigir” el reintegro de lo que pagaron “de manera indebida”.
José Ignacio Ceniceros, que ha realizado estas declaraciones en el pleno del Parlamento para dar respuesta a una pregunta del Grupo Popular, ha explicado que el Ejecutivo riojano va a contratar personal especializado en la Dirección General de Tributos y en las oficinas del SAC para informar a los afectados sobre si tienen, o no, derecho a la devolución, el importe de la misma y cómo, dónde y cuándo tramitar la solicitud.
“Con un sueldo de 20.000 euros, tendría derecho a una devolución de 2.000 euros”
En este sentido, ha indicado que todavía no se ha definido cómo materializar dichas devoluciones y el sindicato de Técnicos de Hacienda sugiere esperar unas semanas antes de solicitarlas, pero el Gobierno de La Rioja, “para ganar tiempo”, iniciará ya el proceso de contratación de personal especializado.
Por otra parte, el presidente del Gobierno de La Rioja ha explicado que la cuantía de la devolución variará según el importe de la prestación recibida y el tipo marginal aplicado a los ingresos del contribuyente, pero ha puesto como ejemplo el caso de una persona afectada que tuviera un sueldo de 20.000 euros y ha indicado que tendría derecho a una devolución de unos 2.000 euros, lo que permite hacerse “una idea del alcance del asunto”.
Por último, ha recalcado que para el Ejecutivo riojano es una prioridad tanto la lucha contra el fraude fiscal como favorecer la devolución de lo tributado indebidamente. “Somos conscientes del esfuerzo que hacen todos los días los contribuyentes riojanos para pagar sus impuestos y, por eso, además de mantener nuestra apuesta por tener los impuestos más bajos de España, no podemos permitir que una actuación administrativa les perjudique”, ha concluido.
