La directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, ha presidido esta mañana la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Abuso Sexual Infantil, como una herramienta esencial para proteger el bienestar de los menores.
El protocolo, validado en el mes de junio de 2017 ante la Comisión Institucional de Protección a las Víctimas de Violencia Sexual, trata de ofrecer una respuesta rápida y coordinada por parte de todos los agentes públicos implicados en la atención de este tipo de casos, y se ha configurado como una hoja de ruta sencilla que asegura a las víctimas la mejor respuesta posible.
Se eleva la protección del menor durante el proceso judicial
El documento eleva la protección del menor durante el proceso judicial para impedir que se produzca una victimización secundaria. El protocolo implica la formación de los profesionales que van a tener contacto directo con la víctima para evitar, por un lado, repeticiones innecesarias que agraven su condición como tal, y por otro, que se pueda contaminar su declaración. Por ello, el Instituto de Medicina Legal es la unidad valoradora del testimonio del menor: Su equipo multidisciplinar, altamente especializado, será el único que valore todos los posibles casos.
En concreto, los profesionales de los ámbitos de Salud, Educación, Servicios Sociales, Justicia e Interior y/o de la Policía que sospechen que un menor es víctima de abusos sexuales deberán seguir tres itinerarios de actuación posibles:
- Cuando el nivel de probabilidad de que se esté produciendo un caso sea bajo o medio, los detectores de la situación realizarán una observación interna durante 7 días en los que recogerán datos y tratarán de verificar indicios. Si mantienen su sospecha deberán notificar el caso a la Fiscalía.
- Cuando el nivel de probabilidad de que se esté produciendo un caso sea alto, se notificará de forma inmediata a la Fiscalía.
- En caso de evidencia física, se llevará a la víctima a Urgencias Sanitarias de forma inmediata y se notificará a la Fiscalía.
Por supuesto, en caso de que el menor precise medidas de protección, por no existir una figura protectora en su entorno familiar, se comunicará también a la Entidad Pública de Protección de menores.
La comisión de seguimiento está constituida por representantes del Gobierno de La Rioja en áreas de Servicios Sociales, Justicia e Interior, Educación y salud; la Delegación del Gobierno en La Rioja; el Ayuntamiento de Logroño; la Federación Riojana de Municipios; el Tribunal Superior de Justicia; la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia; y el Instituto de Medicina Legal.
