La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado la situación vivida en la Oficina de Justicia de San Asensio después de que una funcionaria tuviera que ser trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un golpe de calor mientras desempeñaba su trabajo.
Según explica el sindicato, los hechos ocurrieron el pasado lunes 22 de junio a mediodía, cuando la empleada pública comenzó a encontrarse indispuesta debido a las altas temperaturas registradas en el interior de las dependencias judiciales. Tras una llamada al 112, fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al centro hospitalario, donde fue estabilizada.
CCOO señala que este incidente se produce apenas unos días después de haber advertido formalmente del “grave riesgo para la salud” existente en estas instalaciones mediante un escrito remitido al Ayuntamiento de San Asensio. En él, alertaba de la falta de climatización del edificio y reclamaba medidas urgentes para proteger a los trabajadores, entre ellas la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado.
El sindicato afirma además que la oficina carece tanto de sistemas de refrigeración como de elementos básicos de protección frente al calor, como persianas en las ventanas, y asegura que durante la mañana del lunes se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados en el interior de las instalaciones. Asimismo, considera “especialmente preocupante” esta situación y sostiene que la respuesta del Ayuntamiento, consistente en la entrega de un ventilador, resulta “claramente insuficiente para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables”.
“La prevención de riesgos laborales no es una opción”
Como medida provisional, CCOO propone reorganizar la atención al público, desarrollándola entre las 9:00 y las 12:00 horas en la Oficina de Justicia y trasladándola entre las 12:00 y las 14:00 horas a un espacio habilitado en el Ayuntamiento que sí dispone de climatización. Además, el sindicato considera “incomprensible” que las dependencias continúen sin unas condiciones mínimas de habitabilidad y exige la adopción inmediata de medidas eficaces para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. “La prevención de riesgos laborales no es una opción, sino una obligación legal que todas las administraciones públicas deben cumplir”, concluye la organización sindical.
