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La organización ecologista Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado públicamente lo que considera una estrategia del Gobierno regional para facilitar la implantación de una gran planta de prefabricados de hormigón en el municipio de Manjarrés. Según la asociación, el Ejecutivo autonómico “pone en bandeja de plata Manjarrés” para que la empresa Soluciones en Prefabricados Industriales SL (SOPREIN) instale una macroplanta en la zona.
El proyecto contempla una instalación industrial de 28 hectáreas, que, según el colectivo, “alterará completamente el valle del Yalde”. La organización sostiene que el Gobierno regional estaría priorizando el desarrollo del proyecto frente a aspectos como el medio ambiente, el paisaje, la ordenación territorial o la gestión del agua.
En su comunicado, Amigos de la Tierra critica que el Ejecutivo actúe como si “no existieran polígonos industriales en La Rioja con suficiente superficie para albergar esta instalación”, cuestionando la elección del emplazamiento.
La variante de Manjarrés y el proceso de alegaciones
La polémica también afecta al procedimiento administrativo vinculado a la variante de Manjarrés, relacionada con los accesos a la futura planta. La asociación denuncia que el Gobierno de La Rioja ha declarado el proyecto como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) antes de que finalice el plazo de exposición pública del estudio informativo de la variante, que se mantiene abierto hasta el 23 de marzo para la presentación de alegaciones.
Para el colectivo, el Consejo de Gobierno “es incapaz de leer las alegaciones que se están presentando contra la variante de Manjarrés” mientras el proceso aún está abierto.
Objeciones paisajísticas y financiación pública
Amigos de la Tierra recuerda que la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) “suspendió inicialmente la tramitación del proyecto por cuestiones relacionadas con el impacto paisajístico y los accesos a la planta”.
No obstante, la organización considera que el Gobierno regional acabará aprobándolo igualmente. “Dentro de poco el Gobierno de La Rioja dará el visto bueno a la empresa por motivos paisajísticos, no tenemos duda”, afirman.
Respecto a los accesos, el colectivo señala que la administración autonómica tiene previsto invertir cerca de 2,5 millones de euros de fondos públicos para construir una carretera que cumpla con la normativa y permita el acceso a la instalación.
Críticas éticas y advertencia sobre precedentes
La organización ecologista sostiene que la actuación del Gobierno puede ser legal, pero cuestiona su legitimidad desde el punto de vista ético. “No consideramos que todo esto sea correcto, seguramente sea legal, pero no es ético”, afirma el comunicado.
Asimismo, la asociación lamenta lo que considera una influencia de distintos grupos de presión sobre el Ejecutivo regional, señalando que el Gobierno “se encuentra sometido a lobbys agroganaderos, cazadores y ahora a industriales de prefabricados”.
Finalmente, Amigos de la Tierra advierte de que este caso podría sentar un precedente peligroso para la región. Según indican, la situación podría animar a ayuntamientos, empresas y distintos grupos de presión a “desproteger el paisaje o espacios naturales para hacer lo que quieran, además pagado con dinero público”.
La organización concluye reafirmando su compromiso con la defensa ambiental de la comunidad autónoma y asegura que continuará trabajando “para seguir defendiendo el medio ambiente de La Rioja porque creemos en nuestra tierra”.
