- “No se prevén cortes de agua”: los municipios del Oja-Tirón revisarán sus redes para detectar pérdidas y grandes consumos
- CSIF, CCOO y UGT denuncian “falta transparencia” en el proceso de privatización del Servicio Municipal de Aguas de Haro
Hay frases que recordamos durante años. Un reputado periodista, hoy retirado, solía repetir que “el rumor es la antesala de la noticia”. Esperemos que esta vez se equivoque.
Y es que desde hace algún tiempo circula en Haro el rumor de que el Ayuntamiento estaría estudiando la posibilidad de externalizar —o privatizar, según se quiera llamar— el Servicio Público de Abastecimiento de Agua. Oficialmente, hasta donde sabemos, el Ayuntamiento no ha anunciado ninguna decisión al respecto.
Y precisamente por eso creemos que este es un buen momento para hablar del asunto: antes de que haya una decisión tomada, antes de que aparezca un pliego de condiciones y antes de que a los ciudadanos solo nos quede opinar sobre algo que ya está decidido. Porque hablamos del agua. Y el agua no es un servicio cualquiera.
¿Qué significa realmente “privatizar el agua”?
Empecemos por una cuestión que puede generar cierta confusión. Si se privatiza el servicio, no se privatiza el agua. El agua seguirá siendo un bien de dominio público. Lo que se entregaría a una empresa privada sería la gestión del servicio: captación, potabilización, distribución, alcantarillado, facturación, mantenimiento y, en su caso, determinadas inversiones en las infraestructuras. Dicho de una manera sencilla: el agua seguiría siendo nuestra; quien dejaría de gestionarla directamente sería el Ayuntamiento.
Actualmente Haro dispone de un modelo de gestión pública municipal. El Ayuntamiento gestiona directamente el servicio mediante sus propios recursos y personal. Existen, sin embargo, otros modelos. Algunos municipios han creado empresas públicas específicas para gestionar el agua. Es el caso de Valladolid, con Aquavall; de Madrid y numerosos municipios de su entorno, con el Canal de Isabel II; de Sevilla y su área metropolitana, mediante EMASESA; o de Vitoria-Gasteiz, con AMVISA.
Otros han optado por entregar la gestión a una empresa privada mediante una concesión. Y aquí es donde empieza la cuestión verdaderamente importante. Una concesión puede durar décadas. Cuando un Ayuntamiento privatiza la gestión, normalmente saca el servicio a concurso y adjudica la concesión a una empresa durante un periodo determinado. ¿Veinte años? ¿Veinticinco? ¿Cincuenta? Dependerá de las condiciones del contrato.
La empresa se hace cargo de la gestión y obtiene los ingresos derivados del servicio. A cambio, asume determinadas obligaciones y, normalmente, realiza unas inversiones previamente establecidas y abona al Ayuntamiento un canon. A primera vista, el Ayuntamiento obtiene una cantidad importante de dinero y se quita de encima parte de la gestión. Puede parecer un buen negocio.
Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de celebrar ese ingreso: ¿Estamos vendiendo una solución para hoy a cambio de comprometer el servicio de mañana? Porque un canon millonario entra en las arcas municipales una sola vez y la concesión puede durar varias décadas.
El ejemplo de Jerez
Haro y Jerez de la Frontera se han hermanado recientemente y el municipio gaditano puede servirnos como botón de muestra. En Jerez, en 2013, se privatizó la gestión del agua. La empresa municipal AJEMSA quedó sustituida por un modelo de gestión privada a través de Aquajerez, filial de Aqualia, perteneciente al grupo FCC. La concesión se otorgó por 25 años a cambio de un canon de 80 millones de euros.
Ochenta millones de euros. Una cantidad que puede resultar extraordinariamente atractiva para cualquier Ayuntamiento. Pero también conviene recordar que 25 años son 25 años. Durante ese tiempo, varias corporaciones municipales podrán sucederse, cambiarán los alcaldes, cambiarán los concejales y cambiarán las circunstancias económicas de la ciudad. La concesión, sin embargo, continuará.
Y cuando una Administración quiere recuperar antes de tiempo un servicio concesionado, la operación puede resultar complicada y muy costosa. Por eso el debate no debería ser únicamente cuánto dinero recibe hoy el Ayuntamiento. Deberíamos preguntarnos también: ¿Cuánto vale el control público del agua durante los próximos 25 años? El mismo Ayuntamiento calculó que los ingresos previstos para ese periodo serían superiores a los 850 millones de euros y los beneficios brutos estarían por encima de los 340 millones de euros.
El argumento del dinero
Quienes defienden la privatización suelen tener argumentos perfectamente comprensibles. El primero es el dinero. Una concesión puede proporcionar al Ayuntamiento un canon inicial elevado que permita financiar inversiones, reducir deuda o solucionar problemas presupuestarios.
El segundo argumento es la gestión. Una empresa especializada puede asumir personal, averías, mantenimiento, reclamaciones, inversiones y determinadas tareas que actualmente recaen sobre la Administración.
El tercero es la inversión. La empresa concesionaria puede comprometerse a renovar tuberías, mejorar instalaciones, reducir fugas o modernizar el servicio.
Todo eso puede ser cierto. Pero existe una cuestión que no deberíamos olvidar: una empresa privada no entra en un servicio público para perder dinero. Entra para obtener una rentabilidad. Y eso no es necesariamente malo. Es, sencillamente, la lógica de cualquier empresa privada. La pregunta es quién paga esa rentabilidad.
¿Y quién paga la factura? Aquí llegamos al punto que probablemente más directamente nos afecta como ciudadanos: El precio del agua.
Aunque las tarifas puedan estar reguladas por el Ayuntamiento y determinadas por el contrato de concesión, existen experiencias en las que el coste para los usuarios ha aumentado después de la externalización. Y no es difícil entender por qué. Una empresa debe cubrir sus costes, realizar las inversiones comprometidas y obtener un beneficio.
En una gestión pública, los posibles excedentes permanecen dentro del ámbito público y pueden destinarse a la mejora del propio servicio. En una gestión privada, una parte del resultado económico acaba lógicamente en manos de los propietarios o accionistas de la empresa. No es una cuestión ideológica. Es simplemente la diferencia entre gestionar una actividad desde la filosofía del servicio público o gestionarla dentro de una estructura empresarial que obviamente busca rentabilidad.
Y si algún día queremos recuperarlo, ¿qué pasa? Esta es probablemente la pregunta que menos se hace cuando se habla de privatizar. Y quizá debería ser la primera. Supongamos que dentro de diez años un Ayuntamiento decide que quiere volver a gestionar directamente el agua.
¿Puede hacerlo? Sí, en determinadas circunstancias. ¿Es sencillo? No necesariamente. Una concesión tiene unas condiciones contractuales y unos plazos. Si se pretende recuperar antes de tiempo, pueden aparecer indemnizaciones, devolución de cantidades y reclamaciones relacionadas con las inversiones o con el denominado lucro cesante: los beneficios que la empresa esperaba obtener durante el periodo restante del contrato.
Es decir: privatizar puede ser una decisión rápida; recuperar la gestión pública puede no serlo. Y eso debería hacernos pensar antes de firmar, no después.
Hay municipios que han vuelto atrás. No estamos hablando de una hipótesis puramente teórica. En diferentes lugares de España se han producido procesos de remunicipalización del agua después de años de gestión privada. Alcázar de San Juan, Arenys de Munt, Manacor y otros municipios han protagonizado procesos de recuperación de la gestión pública, con conflictos y reclamaciones económicas de distinta naturaleza.
También ha habido casos en los que las inversiones comprometidas, la calidad del servicio, las fugas, la transparencia o las condiciones económicas de la concesión han terminado generando conflictos entre los ayuntamientos y las empresas. Esto tampoco significa que todas las empresas concesionarias funcionen mal. Sería injusto afirmarlo. Significa algo mucho más sencillo: que una concesión de agua puede generar problemas y que el Ayuntamiento debe ser consciente de que está tomando una decisión de largo recorrido.
¿Y qué ocurre en La Rioja?
La Rioja cuenta con un Consorcio de Aguas y Residuos que agrupa a los municipios de la comunidad para la depuración y gestión de residuos. En materia de abastecimiento de agua potable en alta, el Consorcio presta servicio a una parte de los municipios riojanos mediante sistemas supramunicipales. Otros municipios mantienen la gestión directa. Entre estos últimos están algunos de los más importantes de La Rioja: Logroño, Villamediana, Lardero y Haro. Es decir, el modelo de gestión pública municipal no es una rareza en nuestra comunidad.
También existen municipios que han optado por fórmulas privadas o mixtas, como Santo Domingo de la Calzada y Nájera en determinadas fases del servicio. Y Calahorra y Arnedo constituyen ejemplos de municipios riojanos con una gestión completamente privatizada del abastecimiento, a través de Aqualia-FCC. Por tanto, Haro no estaría inventando nada. Pero tampoco estaría obligada a seguir el camino de otros.
La pregunta que probablemente deberíamos hacernos
A estas alturas quizá alguien esté pensando: “Bueno, entonces ¿estáis diciendo que no se debería privatizar el servicio de abastecimiento de agua?”. En realidad, lo que estamos queriendo decir es que una decisión de semejante importancia merece un debate mucho más profundo y sereno.
Deberíamos conocer, entre otras cosas: ¿Cuánto ingresaría exactamente el Ayuntamiento en concepto de canon? ¿Cuánto pagaremos los usuarios? ¿Cómo evolucionará la tarifa durante los próximos años? ¿Qué inversiones tendrá que realizar la empresa? ¿Quién controlará que esas inversiones se hagan? ¿Qué ocurrirá si no se cumplen? ¿Qué duración tendría la concesión? ¿Qué mecanismos tendría el Ayuntamiento para rescatar el servicio? ¿Cuánto costaría hacerlo? ¿Y qué alternativas existen para mejorar la gestión pública actual?
Porque quizá el debate no sea “privatizar o no privatizar”. Quizá el debate sea cómo conseguir que el servicio público de agua funcione cada vez mejor. Y para eso también existe la posibilidad de invertir, modernizar instalaciones, mejorar los medios técnicos, reducir fugas, profesionalizar la gestión y buscar fórmulas de cooperación con otros municipios sin necesidad de entregar el servicio durante décadas a una empresa privada.
La gestión de algo tan esencial como el agua no debería decidirse con prisas.
Hay algo que parece evidente. Si el Ayuntamiento de Haro está estudiando realmente la posibilidad de externalizar el Servicio Público de Abastecimiento de Agua, sería deseable que lo explicara públicamente. No cuando el contrato esté prácticamente redactado. No cuando las empresas estén preparando sus ofertas. No cuando la decisión sea difícil de modificar. Ahora.
Los ciudadanos tenemos derecho a conocer cuáles son las alternativas que se están estudiando, cuánto costaría cada una y qué consecuencias tendría cada modelo. Y, sobre todo, tenemos derecho a participar en un debate que afecta a algo tan básico como el agua que sale cada día de nuestros grifos.
Porque podemos discutir sobre muchas cosas. Sobre impuestos. Sobre fiestas. Sobre obras. Sobre instalaciones deportivas. Pero hay servicios que tienen una característica especial: una vez que los entregas durante décadas, recuperarlos puede ser muy difícil. El agua es uno de ellos.
Por eso, antes de preguntarnos cuánto dinero puede conseguir hoy el Ayuntamiento privatizando su gestión, deberíamos hacernos una pregunta mucho más sencilla: ¿Qué modelo queremos para Haro para los próximos 20 o 25 años?
La respuesta no debería decidirse únicamente en un despacho. Y mucho menos debería conocerse cuando ya sea demasiado tarde para discutirla. El agua seguirá siendo pública. La pregunta es quién decidirá cómo se gestiona.
Ecologistas en Acción de Haro
