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La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro ha convocado una concentración-cacerolada el jueves 29 de octubre, a las 18:00 horas en la plaza de la Paz, ante la propuesta municipal para iniciar la contratación externa de distintas tareas relacionadas con el abastecimiento de agua. Tras la protesta, el colectivo invita a los vecinos a acudir al pleno extraordinario en el que se tratará el asunto.
Según explica la plataforma, la propuesta que se llevará a la sesión contempla la contratación de la operación y el mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable, las reparaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento y la renovación de contadores.
Según avanza la plataforma, el contrato proyectado asciende a 2.640.150 euros, sin IVA, y tendría una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por un año más.
El colectivo reclama al Ayuntamiento que aclare cuál es el modelo actual de gestión del abastecimiento, qué funciones asumiría la empresa contratista y si la operación supondría un cambio en la forma de gestionar el servicio. También pide que se hagan públicos los estudios técnicos y económicos que justifican la contratación.
“Estamos ante una decisión de enorme trascendencia para el futuro de un servicio público esencial”, señala la plataforma, que considera que el Ayuntamiento debe ofrecer explicaciones a la ciudadanía y someter la justificación de la propuesta a un “escrutinio público adecuado”.
El colectivo indica que la propuesta municipal hace referencia a una memoria justificativa fechada el 21 de octubre de 2026, cuyo contenido, señala, no aparece reproducido en el documento presentado. Por ello, solicita que se publique y que se aclare si se han estudiado otras alternativas, entre ellas los costes y las posibilidades de la gestión directa municipal.
¿Qué responsabilidades conservará el Ayuntamiento y como se supervisará la calidad del servicio?
Asimismo, reclama que se explique cómo se ha acreditado la insuficiencia de medios propios y por qué se han agrupado todas las prestaciones en un único contrato, sin dividirlo en lotes. También pide un pronunciamiento expreso de la Secretaría General sobre la aplicación del artículo de la Ley de Bases de Régimen Local relativo a la sostenibilidad y eficiencia de los modelos de gestión.
La plataforma quiere conocer, además, qué responsabilidades conservaría el Ayuntamiento y cómo se supervisaría la calidad del servicio. “La contratación privada de determinadas operaciones puede ser legal, pero eso no elimina la obligación de justificar el gasto público, ni sustituye la necesaria transparencia en las decisiones municipales”, sostiene.
El colectivo solicita que no se adopte una decisión definitiva sobre la contratación sin facilitar previamente la documentación necesaria para su examen. De cara a la concentración del jueves, llama a los ciudadanos a participar “para defender nuestro derecho a un servicio del agua público”.






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