Juan Cuatrecasas, padre de la víctima, es el portavoz de la familia en los medios de comunicación.

La familia del alumno del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya) que denunció en su día haber sufrido abusos sexuales y acoso ha solicitado que el docente J.M.M.S. sea condenado a 10 años y cuatro y medio de cárcel por sendos delitos de “abusos sexuales”. El primero de ellos por “una grave agresión física concreta” y el segundo por el carácter “continuado” en el tiempo.

Eso sí, la acusación también se reserva la posibilidad de emprender nuevas acciones legales contra el profesor y contra el colegio para exigir en el futuro una compensación económica en concepto de la “responsabilidad civil” por las graves secuelas que afectaron y que afectan al hijo de Juan Cuatrecasas, en la actualidad ya mayor de edad.

“No es una cuestión de dinero. Nunca lo ha sido”

En la fase previa a la celebración del juicio, la abogada de la familia ha presentado este martes su escrito de acusación, muy distinto al de la Fiscalía, en el que se pedía una condena de tres años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros. Para Juan Cuatrecasas, “no es una cuestión de dinero”. “Nunca lo ha sido. Le han robado a mi hijo una parte de su vida, y lo que deseamos es que se reconozcan los hechos. Lo que le hicieron a mi hijo no tiene precio”, el padre de la víctima.

Tal y como refleja la información a la que ha tenido acceso HARO DIGITAL, la letrada entiende que tras la investigación previa ha quedado patente que el profesor cometió dos delitos. Está el de un “abuso sexual” físico de carácter grave con la agravante de que la víctima era menor de 13 años y el agresor tenía sobre él “una posición de confianza”. De esta manera, la abogada solicita una primera condena de 10 años de cárcel y la prohibición de acercarse a la víctima durante también 10 años. En el segundo delito destaca el carácter “continuado” de abuso sexual, lo que provocó que incluso el alumno fuera también víctima de “bullying” en el centro escolar por parte de algunos de sus compañeros. Por ello, se exige una pena de cuatro años de cárcel y seis meses, más otros 10 años de alejamiento.

En total, el escrito de acusación solicita un total de 14 años de cárcel y otros 20 de alejamiento de la víctima. A todo ello se suman otras peticiones accesorias como la inhabilitación para el sufragio pasivo, la condena en costas o la posibilidad de que tenga que hacer frente a una compensación que por ahora no se aclara.

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La víctima de estos presuntos abusos confesó en 2011 a sus padres que había sufrido acoso y abusos sexuales por parte de su preceptor en el colegio del Opus Dei de Gaztelueta. Su familia, cuando la situación se hace ya insostenible en Bilbao, decide mudarse a Haro en la Semana Santa de 2013. Un poco antes ya había comenzado la cruzada para buscar justicia, que “se reconozcan los hechos que han propiciado que mi hijo haya perdido su adolescencia”, como afirma Cuatrecasas.

Como cuenta la familia, los episodios suceden durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010. Es en este último curso cuando el hijo de Juan Cuatrecasas termina por estallar. Se resistía a ir al colegio, sufría pesadillas y se mostraba insociable.

En 2012 ya hubo una investigación inicial por parte de la Fiscalía de Euskadi que dio credibilidad al testimonio del alumno. Pero aquella primera intentona no dio resultado porque no se encontraron más indicios de criminalidad contra el profesor que los testimonios de la víctima y la de su familia, que no recibió en ningún momento el apoyo del colegio en su cruzada.

Incluso se puso en marcha un procedimiento canónico tras la respuesta a través de una postal del mismísimo Papa Francisco que prometió que iba a llegar hasta el final en este nuevo episodio de abusos sexuales. No obstante, el proceso no tenía visos de llegar a nada ya que los numerarios del Opus Dei no están sujetos a las sanciones de la Iglesia.

El siguiente paso lo dio la propia víctima, al cumplir la mayoría de edad. Se reinició entonces la vía judicial. La investigación de un juez de Getxo se completó en 2017 con el procesamiento del profesor ante los graves indicios de que se propasó con el alumno, menor en aquel entonces. Incluso quedó comprobado que el profesor motivó que la víctima sufriera episodios de ‘bullying’ en Gaztelueta. Pero no sólo eso ha tenido que sobrellevar la familia. Una veintena de profesores y excompañeros de colegio firmaron incluso actas notariales rechazando que hubiesen sucedido los hechos denunciados por la víctima y la familia. Sin embargo, la Fiscalía entiende que el centro es responsable civil subsidiario de todos estos hechos, por lo que también puede haber consecuencias para el colegio.

A pesar de todo, Juan Cuatrecasas, padre de la víctima y portavoz de la familia en los medios, ha querido siempre dejar claro que lo que le preocupa de verdad es “lo que pedimos desde el principio: un reconocimiento público y expreso de los hechos y un resarcimiento moral de la víctima mediando un perdón público y sincero”. Para Cuatrecasas y su familia, este escrito de acusación recoge lo que es “más justo”. Ahora, estos dos escritos de fiscalía y de la acusación particular se trasladarán a los abogados del acusado que emitirán su escrito de defensa. Será la audiencia provincial de Vizcaya la que por procedimiento sumarial y con tres magistrados juzgará los hechos.

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