Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido, en la localidad de Haro, a un varón de 35 años como presunto autor de un delito continuado de hurto, cometido en la empresa para la que trabajaba, en la que llegó a sustraer piezas de cobre por valor superior a los 180.000 euros.
La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por los responsables de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de aparellajes eléctricos, por la sustracción de manera habitual y prácticamente a diario de numerosas piezas de cobre de alto valor económico.
Aprovechaba los descansos de 15 minutos de su jornada laboral
El estudio llevado a cabo sobre las cámaras de seguridad instaladas en la empresa, permitió comprobar como uno de los empleados, cada dos o tres días, aprovechaba los descansos de 15 minutos para salir de las instalaciones, regresar con una furgoneta de su propiedad, acceder a la zona de carga e introducir en el maletero cajas de piezas de cobre, utilizando para ello un patín hidráulico.
Con toda la información recabada y aportada a la investigación, los agentes establecieron un discreto dispositivo de vigilancia de las instalaciones y del empleado. En una de las vigilancias, los agentes detectaron que el trabajador había vuelto a introducir su furgoneta en la empresa. Una vez acabada su jornada laboral y tras abandonar las instalaciones conduciendo la furgoneta, se procedió a su interceptación en el Polígono Industrial Fuente Ciega, en Haro.
Fue interceptado cuando conducía su furgoneta cargada con 500 piezas metálicas recién sustraídas y valoradas en 5.100 euros
Durante el registro del vehículo los agentes hallaron en la zona de carga una caja de grandes dimensiones conteniendo en su interior un total de 500 piezas de cobre valoradas en 5.100 euros, por lo que se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias.
Se estima que este trabajador, durante el año que ha estado cometiendo la sustracción de las piezas de cobre, ha llegado a causar a la empresa un perjuicio económico superior a los 180.000 euros, llegando a poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
