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La Rioja recibirá más de 4,4 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia en la región

Esta cantidad incrementa en un 24% los 3,6 millones recibidos en 2021 para este fin
Foto: @joshybauer para Haro Digital

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y director general de IMSERSO, Luis Alberto Barriga, han suscrito un convenio para la financiación en La Rioja de la Ley de Dependencia en el año 2022, a través del denominado nivel acordado.

A través de este acuerdo, La Rioja recibirá, este año, 4.455.842.66 euros para la financiación del nivel acordado de dependencia, un fondo anual constituido por el Estado y distribuido entre las comunidades autónomas para la atención a la dependencia. En total, el Gobierno de la Nación ha distribuido algo más de 483 millones de euros entre las distintas comunidades de los que más de 4,4 llegarán a La Rioja, una cantidad superior en un 24 por ciento a los 3,5 millones de euros recibidos en 2021.

Incremento del 24 %

El Gobierno de La Rioja entiende que el acuerdo “conlleva un resultado positivo para la Comunidad Autónoma, toda vez como consecuencia del proceso de negociación”.

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El titular de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, además de valorar el incremento de cuantía del convenio, ha destacado que La Rioja recibe un 31 por ciento más que lo que le correspondería por población. Un convenio, ha asegurado, “que nos permitirá acometer actuaciones directamente ligadas en la atención a las personas dependientes, ampliando recursos en plazas en centros residenciales, ayuda domiciliaria o centros de día de mayores”.

Así, y con dicha financiación, el Gobierno de La Rioja se ha fijado una serie de objetivos como continuar reduciendo las listas de espera y los tiempos de gestión de las solicitudes de valoración; seguir mejorando la atención y reduciendo la lista de espera del servicio de teleasistencia; incrementar el personal de gestión y administrativo de servicios y de prestaciones en dependencia; introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención de las personas dependientes; mantener programa para el sistema de información del sistema para la autonomía y atención a la dependencia; aumentar la financiación de la partida destinada a la prestación económica vinculada al servicio; aumentar el número de horas financiadas de del servicio de ayuda a domicilio a los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, entre otros.

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Y es que, el convenio contempla una serie de actuaciones relativas a la agilización administrativa, reducción de plazos de valoración de grado de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y disminución de la lista de espera. Para ello se trabajará en la mejora de los sistemas de información; incremento del personal valorador y de realización e PIA e incremento de personas atendidas de manera efectiva sobre personas con derecho a atención. Pero, además, el convenio firmado también contempla mejora en las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

El Gobierno de La Rioja valora además “el esfuerzo del Gobierno de la Nación desde el año 2019 en sus políticas sociales y, especialmente, en la dotación de recursos para la dependencia que en los gobiernos anteriores se redujeron, o incluso desaparecieron, como es el caso del fondo para el nivel acordado de la dependencia que se ha incrementado notablemente”.

Esta situación provocó –y todavía pervive este hecho- que la aportación económica de las Comunidades Autónomas y, en concreto, La Rioja fuera muy superior a la que le correspondía según la propia Ley de Dependencia frente a la financiación del Estado. En vez de una financiación paritaria del 50 por ciento por cada una de estas administraciones, la Comunidad Autónoma de La Rioja continúa afrontando como consecuencia de las denominadas políticas de “austeridad” de gobierno anteriores, un 80 por ciento del gasto en dependencia, frente al 20 por ciento del Estado lo cual dista mucho del reparto equitativo previsto en la Ley de Dependencia.

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