“No podemos soportar más esta situación”. “Nuestra única alternativa tras la falta de clientela es el cese de nuestra empresa y despido de nuestros empleados”. Son algunos de los testimonios de empresarios afectados por el desvío de los camiones de la N-232 a la AP-68. Empresarios como José Luis Lozano (Restaurante Hernani 2), Rosana Castresana (Bodega San Chicón) o Julián Escalada (Área Calahorra), afectados por esta situación y que han sido los encargados de presentar esta nueva plataforma y sus llamamientos.
Denuncian que el Gobierno de La Rioja ha tomado “una medida drástica” prohibiendo toda circulación de tráfico pesado por la carretera N-232 y plantean “la posibilidad de que puedan incorporarse a la misma para repostaje, descanso y avituallamiento”.
“Proteger los puestos de trabajo”
La plataforma tiene como principal objetivo “proteger los puestos de trabajo de todo el gremio de hostelería y servicios instalados a lo largo de los más de 150 km de la carretera 232 desde Zambrana a Tudela”.
Está constituida por un amplio abanico de empresas que van desde los 2 o 3 trabajadores, hasta los 30 y 40. La plataforma denuncia que con esta decisión se están poniendo en riesgo cerca de 400 puestos de trabajo directos. “Representamos una parte importante de empresas y trabajadores riojanos, prestando servicio necesario a lo largo de la N-232 y demandado por los usuarios”, argumentan. Este servicio abarca desde restauración, aparcamientos, repostaje, hostelería, hospedaje, descanso y seguridad a los clientes en sus vehículos.
Asimismo considera “viable compatibilizar” la reducción de accidentes de tráfico al máximo con el trabajo de su sector, proponiendo en primer lugar, la liberalización de la AP-68 y la libre circulación por ambas vías, y en su caso “poder compatibilizar el uso de las dos vías sin obligatoriedad en el uso de la AP-68 por el tráfico pesado, opción realmente atractiva tras la gran reducción del precio en el peaje”. Es decir, se incorporan y abandonan la autopista cuando quieren porque es totalmente libre el uso de las dos vías.
La medida tomada con fecha 1 de diciembre del 2017 ha tenido “importantes consecuencias económicas a corto plazo tanto para los negocios instalados en la nacional, como para el sector del transporte, que tiene la obligatoriedad de circular por una vía que aunque bonificada, no es gratuita”. Además, con esta medida, “se ve anulada la riqueza de nuestra comunidad, viéndose beneficiadas directamente comunidades vecinas, dado que el tráfico pesado aprovecha el principio y fin de su trayecto para hacer uso de los servicios de repostaje y hostelería, haciendo gasto en dichas comunidades y siendo 0 su consumo en la Comunidad de La Rioja, siendo nuestra comunidad la que acarrea el gasto de la bonificación de la AP-68”.
Llamamiento para que se les escuche
Por todo lo expuesto anteriormente, la plataforma expone que se tengan en cuenta sus planteamientos y se reconsidere “flexibilizar y poner esas excepciones en la reforma de la ley para que las autoridades competentes sepan en qué basarse y no se proceda a denunciar a los transportistas por hacer uso de nuestros servicios”.
A lo largo de estos años, indica la plataforma, las empresas han invertido en sus negocios con el fin de poder ser rentables como cualquier otro tipo de empresa y ofrecer unos adecuados servicios de restauración y repostaje a este sector.
Destaca que son los primeros interesados en reducir al máximo los accidentes de tráfico y alcanzar el objetivo planteado por el Gobierno de La Rioja “cero muertes en carretera”, pero creen firmemente que antes de tomar esta medida “tan drástica, rotunda y radical”, se debía de haber pensado en las consecuencias inminentes que dicha decisión iba a conllevar para sus empresas y el sector del transporte.
Considera que deberían haber ido de la mano con el Gobierno de La Rioja para lograr el objetivo “0 muertes en carretera” y por ello, debían haber sido citados por el mismo, para intercambiar impresiones. En definitiva haber contado con ellos puesto que son el sector que viven a pie de carretera y dependen de la decisión que se tome.
Como usuarios, por las implicaciones de su trabajo y sobre todo por la experiencia acumulada a lo largo de tantos años, consideran que “nunca había estado en tan buen estado como ahora la N-232, tanto en la conservación del piso de asfalto, como en arcenes, pintura y señalización”.
Esto no quiere decir que no deban hacerse mejoras y actualizaciones hoy en día para perfeccionar y reducir al máximo los accidentes de tráfico, haciendo por ejemplo carriles más largos de aceleración en los cruces, colocando muretes de hormigón en incorporaciones y cruces e incluso mejorando las tareas de conservación y mantenimiento como puede ser el asfaltado y pintura de firme. “Todas estas mejoras, se pueden llevar a cabo, como se hace en muchos países europeos, en horario nocturno y días que no haya tráfico”, indican.
Desde su punto de vista, son muchas las medidas que consideran podrían haberse llevado a cabo para conseguir “cero muertes en carreteras riojanas”.
La plataforma asegura además que la calidad de vida del transportista “se ve mermada en la actualidad debido a los deficientes servicios que presta actualmente la AP-68”. Por eso, plantean la posibilidad de que puedan incorporarse a la misma para repostar, pernoctar o hacer uso del servicio de restauración.
En definitiva, lo que pide la plataforma es poder seguir con sus empresas hacia delante, y que no se tomen medidas precipitadas que les aboquen al cierre de las mismas, con la consiguiente pérdida de empleo de sus trabajadores y la pérdida total de su patrimonio.
Plataforma compuesta por cerca de 1.000 personas
Actualmente la plataforma está compuesta por cerca de 1.000 personas entre trabajadores, familiares y empresarios a los que nos afecta directamente esta ley, sin contar con todos los servicios auxiliares, tanto proveedores, empresas de mantenimiento que también viven de ello y por consiguiente se ven afectados. Esta decisión les permitiría poder soportar esta “situación tan desesperante” que se ha originado a partir del 2 de diciembre, evitando así, verse obligados a tener que llegar a tomar medidas como el despido de sus plantillas o directamente al cierre o al embargo de sus negocios.
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