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Las gasolineras riojanas reclaman «seguridad jurídica» para no verse «abocadas al cierre por asfixia financiera»

La Asociación integrada en la FER insta al Gobierno de La Rioja a transmitir al Gobierno de España que "se debe garantizar la devolución de las cantidades económicas adelantadas por las empresas"

La Asociación de Estaciones de Servicio de La Rioja, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha reclamado «seguridad jurídica y garantías», en relación con las medidas urgentes aprobadas en el Consejo de Ministros, que están contempladas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que las empresas deben adelantar unas cuantías económicas por litro de combustible que rebajan a sus clientes.

El sector regional de Estaciones de Servicio, compuesto principalmente por pequeñas empresas y negocios, insta al Gobierno de La Rioja a que atienda su petición y «reclame a la Administración central la seguridad jurídica y las garantías necesarias, para que no se produzca en las empresas una asfixia financiera que las llevaría irremediablemente al cierre».

Las gasolineras han hecho llegar a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, su “más profunda decepción por el trato que se está dando a esta actividad esencial para el normal desarrollo económico y social de un país, al haberlas otorgado el papel de chivo expiatorio en una situación económica muy preocupante para la sociedad, queriendo solventar los problemas a través del estrangulamiento financiero de las estaciones de servicio, sin aportar la más mínima seguridad jurídica y de confianza por parte del Ejecutivo nacional”.

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El sector exige «la adecuada clarificación de los términos en los que se ejecutará esta fórmula de devolución, ya que contiene lagunas importantes que ponen de manifiesto una gestión precipitada y poco meditada».

Consideran que el procedimiento de devolución de las cuantías económicas aportadas por las estaciones de servicios de La Rioja «deja en absoluta indefensión a las empresas de esta actividad, ya que transcurrido el plazo de un mes después de la presentación de la solicitud, -en el caso de no haberse efectuado esta devolución-, puede entenderse desestimada, lo que puede llevar a tener que establecer pleitos con la Administración».

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«Esta situación originaría más gastos para las empresas, lo que terminaría produciendo una asfixia financiera imposible de mantener, con el consiguiente riesgo de cierre y de pérdida de empleo», señalan.

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