El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha presentado a la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios, encabezada por su presidente, Roberto Varona, el borrador de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable en La Rioja (DPSNUR), cuya tramitación inició el Ejecutivo regional a finales del pasado mes de diciembre.
Este acto, en la que también han participado los directores generales de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso, y Política Local, Raquel Sáenz, forma parte la ronda de reuniones para avanzar en el diálogo y la participación sobre esta nueva norma con objeto de lograr el mayor consenso posible. Con anterioridad se han mantenido encuentros de trabajo con grupos políticos, cabeceras de comarca, colectivos y otros municipios interesados en la directriz.
El objetivo compartido pasa por disponer de una norma propia del siglo XXI para atender las demandas de los riojanos, los valores del territorio y las actuales necesidades sociales. Además, se pretende establecer las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejorar de los espacios naturales, el paisaje y el medio físico rural.
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El suelo no urbanizable en La Rioja está regulado por el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de La Rioja (PEPMAN), en vigor desde 1988. La directriz afecta al 56% del territorio de la comunidad autónoma, cuya superficie es de 5.045 km2, y establece ocho espacios de ordenación: sierra de interés singular, riberas de interés ecológico o ambiental, áreas de vegetación singular, espacios agrarios de interés (huertas tradicionales y espacios vitivinícolas), parajes geomorfológicos, entorno de los embales, zonas húmedas y protección de cumbres.
Asimismo, incorpora los espacios naturales de La Rioja (Parque Natural Sierra de Cebollera, Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, Lagunas de Urbión, Laguna de Hervías y Red Natura 2000) y articula 104 áreas de ordenación.
En estos momentos el borrador se encuentra en fase de tramitación urbanística y ambiental. La Comunidad Autónoma trabaja con la previsión de que la directriz pueda entrar en vigor antes de que acabe la presente legislatura.
