Ya no es extraño para los jarreros, que distintos dirigentes, activistas y opinadores políticos viertan sus opiniones (más o menos acertadas) en redes sociales.
Como si de ‘youtubers’ se tratase utilizan distintas coletillas, buscan atención y tratan de generar ‘engagement’ de diferentes maneras. Sin embargo, algunos cruzan líneas que van más allá de la opinión y la política. Líneas que no deberían de cruzarse, y que se convierten en lo que podría considerarse, sin lugar a duda, actuaciones propias del acoso y la injuria. ¿Debemos permitir los jarreros que un autoproclamado opinador ataque a una funcionaria del consistorio? En mi humilde opinión no.
Como planteó el filósofo austriaco Karl Popper, “una sociedad tolerante debe ser intolerante con la intolerancia”. Todos aquellos que defendemos los valores de nuestra sociedad libre y democrática, debemos exigir a nuestros dirigentes, elegidos en las urnas, que no permitan el atropello a un trabajador público en el ejercicio de sus funciones. De lo contrario nos encontraremos con la ley de la selva.
Las redes sociales permiten que estemos conectados en la distancia. Nos permiten una interacción instantánea, a tiempo real, dándonos la oportunidad de relacionarnos con el mundo y nuestra localidad de un modo diferente. Son un arma de doble filo, Pueden dar voz a los que no tienen, pero también pueden dársela al que busca hacer daño, desde la subjetividad y la parcialidad totales. Lo que antes era un chascarrillo de barra de bar hoy puede verlo y escucharlo toda una comunidad. Lo que antes pasaba desapercibido hoy puede resultar hiriente y debemos tenerlo en cuenta.
No podemos permitir que ciertos individuos publiquen con asiduidad insultos o vejaciones a personas implicadas en política o en la vida del consistorio. A lo largo de esta legislatura hemos visto como estos individuos atacaban con nombre y apellidos a miembros de la Corporación.
Pero la verdadera la línea roja se cruzó el pasado pleno del día 26 de marzo. ¿Deben pagar los concejales un precio por militar en política? ¿Es lícito que un personaje insulte o falte a sus familiares por ejercer su derecho a la libertad de opinión? ¿Debemos preocuparnos los que militamos de forma activa? ¿El hecho de ser funcionario implica que cualquier ciudadano pueda faltarme al respeto? Son preguntas que todos los que estamos implicados en la vida pública de este municipio debemos hacernos, para responder con unanimidad, dejando de lado los colores.
“Vengo de una casa en la que siempre ha existido libertad de opinión”
Vengo de una casa en la que siempre ha existido libertad de opinión, tanto es así que en las últimas elecciones varios familiares fuimos inscritos en las listas de distintos partidos. Hoy mi tío es concejal y mi madre es ordenanza del Ayuntamiento desde hace 23 años. En estos años ha visto los mandatos de Lidia Rojas, Patricio Capellán, Laura Rivado y Guadalupe Fernández sin sufrir ningún tipo de acoso ni vejación, hasta ahora. Este caso es personal, mañana puede pasarle a otra persona. La libertad de opinión no es equivalente a la injuria y la vejación, no puede, este tipo de actuación, convertirse en la forma generalizada de proceder.
Como demócrata, miembro de un partido político, ciudadano y vecino comprometido con Haro y los jarreros solicito seriedad, debemos ser unánimes y no permitir que la barbarie gobierne nuestro municipio. Según la RAE, “la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Debemos tomar medidas para que el acoso y la vejación no sean la norma, y aquellos que cometen estos actos sean responsables de ellos. La violencia no tiene cabida ni en política, ni en la vida social de Haro.
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