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Investigados cinco empleados de una empresa riojana por la sustracción de material valorado en 400.000 euros

Se trata del gerente y apoderado de la empresa, el responsable de producción y el encargado, un conductor palista y una empleada

La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Repor’, ha investigado a cinco personas -3 varones y 2 mujeres-, de edades comprendidas entre los 38 y los 50 años, de diferentes nacionalidades y residentes en la provincia de La Rioja, como presuntas autoras en diferentes grados de participación de un delito societario, otro de hurto continuado y pertenencia a organización criminal.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja inició la operación ‘Repor’ en abril de 2020, tras la denuncia presentada por el representante de una empresa dedicada al tratamiento y reciclaje del metal.

En ella puso de manifiesto las numerosas irregularidades detectadas en la contabilidad de la empresa y la desaparición de importantes cantidades de material procesado en la planta, valorando las pérdidas globales en 400.000 euros.

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Investigación de la Guardia Civil

El estudio llevado a cabo por los investigadores a la documentación aportada por la empresa, determinó una serie de indicios sólidos que permitieron establecer la hipótesis de que varios empleados, poseyendo un plan preconcebido y con carácter estable en el tiempo, habían asumido diferentes roles para llevar a cabo la manipulación de la contabilidad y la sustracción de más de 200 toneladas material.

El avance de las investigaciones permitió poner nombre y apellidos a los trabajadores de la empresa implicados en los hechos, correspondiéndose con el gerente y apoderado de la empresa, el responsable de producción y el encargado, un conductor palista y una empleada.

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Cada una de estas personas contaba con ‘roles’ muy bien definidos y un ‘modus operandi’ perfectamente diseñado para falsear los partes en la primera línea de producción de la empresa, manipular el sistema de contabilidad y maquillar las cuentas, así como para sabotear los sistemas de videovigilancia para evitar ser captados por las cámaras mientras ejercían su actividad delictiva.

Estas cinco personas tras ser citadas en dependencias de la Guardia Civil para ser oídas en declaración se acogieron a su derecho constitucional de no hacerlo ante los agentes, poniéndose las actuaciones a disposición de la autoridad judicial.

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