La Policía Nacional de La Rioja ha arrestado a un hombre de 33 años, sospechoso de cometer un delito de estafa y contra los derechos de los trabajadores. El individuo empleó engaños para persuadir a víctimas indocumentadas, prometiéndoles regularizar su situación en España, proporcionándoles los permisos de residencia y trabajo necesarios, así como contratos laborales.
Los agentes iniciaron la investigación a raíz de una denuncia presentada en marzo en la Jefatura Superior, donde se alertaba sobre un hombre involucrado en delitos contra los derechos de los trabajadores y estafa. Los hechos se remontan a finales de enero, cuando una mujer, junto con su cuñado y sobrina, denunciaron haber sido víctimas de una estafa. El sospechoso les había prometido regularizar su estancia en España a través de un bufete de abogados con sede en Madrid y un letrado en Logroño, además de ofrecerles un contrato de trabajo. Para llevar a cabo estos trámites y obtener la documentación prometida, el detenido les exigió 8.700 euros, que debían entregar en varias entregas a medida que supuestamente avanzaba en el proceso.
La primera entrega de 1.000 euros se realizó a finales de enero, seguida de una segunda de 1.250 euros a principios de febrero. En marzo, se solicitó una tercera entrega de 1.000 euros, momento en el que la víctima cuestionó la situación. El estafador afirmó que necesitaba estos fondos porque su solicitud de permiso había sido denegada y se había celebrado un juicio, y la cantidad se requería supuestamente para pagar una multa y costas judiciales, ascendiendo a 3.250 euros.
Modus operandi
El mismo modus operandi se aplicó a otra víctima, solicitando la misma cantidad para regularizar su situación en España. El detenido incluso las contrató en su empresa, argumentando que descontaría la deuda generada por la tramitación de su situación de sus salarios, pero estas personas nunca llegaron a recibir remuneración por su trabajo.
La investigación reveló que el sospechoso se dirigía principalmente a personas vulnerables, inmigrantes que deseaban regularizar su situación administrativa en España, y cobraba sumas considerables por sus servicios, llegando a acumular hasta 8.700 euros.
El hombre, un residente de Logroño de nacionalidad española, con antecedentes policiales por otros delitos previos, fue detenido por la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior.
