Dentro del territorio español, el crecimiento exponencial de los mercados de juego, han ido creciendo de la mano de un sistema regulatorio para equilibrar el balance de ofertas, la seguridad de los jugadores, y la recaudación fiscal. Las casas de apuestas legales operan bajo las normas aplicadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Wincomparator te ofrece elegir entre la gran cantidad de casas de apuestas deportivas con licencia en España, todas legales que operan en el territorio español.
Pero, por otro lado, cada vez que se aplica una regulación, siempre aparecen los conocidos como mercados no regulados, que suponen un gran riesgo para los jugadores en diferentes aspectos.
Estos mercados no regulados funcionan al margen de la legislación actual. Hablando sobre apuestas ilegales, estos operadores ofrecen servicios de apuestas, sin contar con las correspondientes licencias para practicar su actividad, y sin cumplir con requisitos indispensables, como la verificación de identidad, obviando por completo la ley de protección de datos e, incluso, no ofreciendo un espacio en donde se hable del control de adicciones, algo que obligan las normas dentro del territorio español.
Los mercados no regulados surgen con un objetivo principal: obtener beneficios por parte de operadores que eluden la normativa vigente. Operando fuera del marco legal, estas operados no pagan sus impuestos en relación a los ingresos, ni contribuyen a los fondos que van destinados a, por ejemplo, la ley de prevención de adicciones, cosa que, al contrario que estas, si que financian las casas de apuestas legales y autorizadas.
Pero a muchos de los jugadores no les importan estas cosas, y se sienten atraídos por la mayor rentabilidad que les supone apostar en este tipo de mercados. Pero, sin la supervisión de la DGOJ, no se tiene certeza de que las cuotas de los acontecimientos sean justas, que se paguen las ganancias en su totalidad, o que exista un buen sistema de reclamaciones.
Esto no supone un problema solo para los jugadores y las empresas de apuestas, sino también para el Estado. En España, las operadoras están obligadas a pagar impuestos concretos, como el Impuesto sobre las Actividades de Juego. Si una operadora elude esta regulación, no contribuye al estado, dejando de aportar miles o millones de euros, que serían destinados a diferentes áreas y servicios dentro del estado. Con esta evasión fiscal, no solo salen perjudicados los servicios, sino que también reduce la competitividad de las casas de apuestas, que sí deben asumir cargas fiscales.
Además, hay que hablar de los jugadores. Si estos deciden apostar en mercados no regulados, no existen mecanismos que puedan verificar la protección de sus datos personales o de sus fondos, ya que la regulación en España, por ejemplo, obliga a colocar un límite de depósito, entre muchas más cosas, como la verificación de edad. Esto solo significa que el riesgo de fraude y adicción no para de subir.
España debe ponerse manos a la obra para luchar contra estos mercados no regulados, un problema significativo tanto para el gobierno, como para las casas de apuestas que si regulan su actividad y cumplen con toda la legislación vigente.
