- IU Santo Domingo denuncia que el ‘caso PP vs agente Policía Local’ “va a costar decenas de miles de euros a los vecinos”
- El TSJR ordena la reincorporación provisional de un agente de policía de Santo Domingo de la Calzada
Una sentencia en grado de apelación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), confirma la previamente dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en relación a un expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada a un agente (funcionario) de la Policía Local, por un presunto supuesto de “abandono de servicio”, concluido con la sanción de “separación del servicio” (la máxima imponible).
El agente de la Policía Local recurre la resolución administrativa sancionadora impuesta por el Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso y éste le da la razón: “Ni existe abandono del servicio ni se justifica debidamente por el Ayuntamiento la imposición de la sanción máxima al expedientado”.
El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada recurre en apelación la sentancia del Juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia y éste, por idénticos motivos de fondo, desestima el recurso de apelación, como resaltan desde el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF).
El Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrir al Supremo
La historia viene de 2020, cuando el alcalde de la localidad, David Mena, incoó un expediente disciplinario contra uno de los agentes de la Policía Local por lo que consideraban “inasistencia a su puesto de trabajo durante mes y medio, un plazo que, llegado el juicio, su abogado sorprendentemente redujo a dos días” , como indican desde el sindicato SRPF. El funcionario entonces justificó su ausencia mostrando que la notificación para su incorporación llegó el 7 de agosto de 2020, que es la fecha desde la que surge su deber de reincorporarse al servicio. Y es que el TSJR estima que ni se ha realizado la prueba en torno a la fecha en que al funcionario le fue efectivamente notificada una resolución por la que se le daba de alta médica y, en consecuencia, debería haberse reincorporado al servicio y tampoco existe un requirimiento expreso del Consistorio que, en forma o indubitadamente, ordenara al funcionario su reincorporación al servicio.
A través de un comunicado, el mismo sindicato recuerda que ya advirtió de “los retorcidos intereses que se escondían detrás de este expediente disciplinario”. Para el SRPF “no es más que otra repugnante maniobra política de acoso laboral contra este funcionario por su condición de delegado sindical, y por destapar desde hace más de una década multitud de corruptelas en el seno de la policía, amparadas por el propio Ayuntamiento”.
Así, este pasado martes 20 de diciembre se conocía la sentencia del TSJR, en la que “se corrobora y ratifica la inocencia de este agente de policía y delegado sindical (la sentencia deja claro fuera de toda duda que el expediente fue desproporcionado y los hechos por los que se abrió el mismo inexistentes e indubitados), exponiendo una más que evidente confabulación de acoso laboral urdida por funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada”.
La sentencia del Juzgado no efectúa condena en costas (cada parte corre con sus gastos), pero el TSJR sí que condena al pago de los gastos del recurso de apelación al Ayuntamiento.
Eso sí. El Ayuntamiento dispone de 30 días para recurrir esta segunda sentencia y elevar el caso al Tribunal Supremo. “Sería caer otra vez en un suicidio jurídico” para el SRPF, pero el sindicato no lo descarta “completamente”.
SRPF exigirá “depuración de responsabilidades”
Así, en el momento en que la sentencia adquiera “firmeza”, el Ayuntamiento estará “obligado a reincorporar este funcionario, así como a reembolsarle el sueldo que dejó de percibir desde el día en que fue despedido ilegalmente”. Asimismo, el SRPF asegura que “se exigirá la depuración de responsabilidades tanto del instructor como de la secretaria del expediente, así de todo aquel que haya sido partícipe de este ‘aquelarre’ institucional”.
El sindicato también confirma que el funcionario pedirá la “correspondiente indemnización por los daños ocasionados, así como múltiples denuncias por todos los actos de acoso sufridos durante todos estos años”. Entre ellos, detalla el SRPF, “ordenarle trabajos humillantes, abrirle expedientes disciplinarios que luego desaparecen, obligarle a realizar patrullas en solitario habiendo más agentes, manipularle el arma reglamentaria, denegarle injustamente días de asuntos particulares o vacaciones, hacerle desaparecer la placa policial y su carnet profesional, negarle reconocimientos médicos, destinarle a un zulo, privarle de chaleco antibalas indivudal, denegarle las medidas de prevención de riesgos laborales por sus limitaciones…”.
Además, el sindicato SRPF invitará a todos los partidos políticos del Ayuntamiento a preguntar a la Corpración municipal a “qué cantidad asciende los servicios jurídicos contratados por éste, y que ese dinero pertenece a los ciudadanos de Santo Domingo y no para intereses personales”.
