El Tribunal Superior de Justicia de la Rioja (TSJR) ha vuelto a fallar a favor del agente de policía local que fue expulsado fulminantemente del cuerpo en abril de 2022 por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada “por una presunta falta de abandono del servicio”. Esta vez, la sala ha ordenado su reincorporación provisional mientras se resuelve el recurso que el consistorio ha presentado ante el Tribunal Supremo. “Un periplo judicial” que para el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios es “digno de teleserie”.
Esta nueva victoria judicial para el agente se produce después de más de dos años de batalla legal. En este tiempo, el juzgado de lo contencioso administrativo de Logroño ya había fallado dos veces a su favor, anulando el expediente disciplinario y ordenando su reincorporación. Sin embargo, el Ayuntamiento ha recurrido ambas sentencias, dilatando el proceso y ocasionando un importante gasto público, como indican desde el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios.
El sindicato al que pertenece el agente, el SRPF, ha denunciado desde el principio que la expulsión del agente fue una represalia por sus denuncias de “corruptelas internas” en la Policía Local. El agente ha sufrido un “nivel de tormento psicológico y acoso laboral al que le han sometido desde que llegó allí excede de lo humano”, según el sindicato.
El sindicato exige que se aclare el gasto público en esta actuación
Asimismo, el sindicato también ha criticado a falta de información a la ciudadanía calceatense sobre este caso y ha exigido que se aclare “el obsceno gasto público de semejante acto”. Además de la reincorporación del agente, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada también tendrá que pagar las costas judiciales y una indemnización al agente por los daños sufridos. “Hablamos de decenas de miles de euros públicos”, como destacan desde el sindicato: unos 100.000 euros, entre los honorarios del abogado contratado por el Ayuntamiento, y las “cientos de horas de trabajo de varios funcionarios”, más la indemnización al funcionario en estos más de dos años, “cuantía que superará los 70.000 euros”.
El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ahora tiene dos opciones: acatar la sentencia del TSJR y reincorporar al agente, o seguir recurriendo y arriesgarse a aumentar aún más el coste de este caso.
Por otro lado, el SRPF ha exigido que se depuren responsabilidades por lo ocurrido y ha pedido que se investigue “al instructor y la secretaria del expediente, al ex alcalde, al ex concejal de Policía y al actual Acalde como concejal de Personal”.
El SRPF ha calificado este caso como “único en este país” y ha criticado la actitud del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que ha convertido al municipio “en la vergüenza del sistema judicial de la Rioja”.
