Varios vecinos de Haro han registrado en el Ayuntamiento 761 firmas para pedir la retirada de la campaña del ADN canino y la creación de un censo genético de perros con el que sancionar a los dueños que no recojan los excrementos de sus animales.
La iniciativa municipal, que busca identificar mediante análisis genéticos las heces no recogidas en la vía pública, ha generado “preocupación” entre los propietarios de perros, que la consideran “ineficaz, costosa y con serias dudas jurídicas y técnicas”. Durante tres semanas, los vecinos han promovido una recogida de firmas para expresar su rechazo a la medida.
El sistema pretende crear un banco de ADN canino “con fines sancionadores”, aunque los impulsores de la recogida de firmas sostienen que genera “una duplicidad en la identificación de los animales”, ya que todos los perros deben estar identificados por microchip, según la normativa estatal y autonómica. “Se está obligando a las personas con animales a pagar dos veces por el mismo servicio: una por la identificación obligatoria y otra por el registro genético, lo cual no tiene justificación legal ni ética”, afirman desde el colectivo.
Dudas jurídicas y técnicas
Desde el punto de vista jurídico, los vecinos aseguran que las sanciones basadas en el ADN canino “resultan fácilmente impugnables si no se garantiza la cadena de custodia de las muestras recogidas en la vía pública”. Para que tuvieran validez, explican, sería necesario que cada muestra se tomara en presencia de personal funcionario y con acta de localización, identificación y custodia, lo que, a su juicio, “haría inviable el sistema desde el punto de vista operativo y económico”.
Además, recuerdan que la medida “no se ajusta a la normativa autonómica vigente”. Citan el Decreto 61/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Identificación de los Animales de Compañía en La Rioja, que establece como único sistema válido el microchip:
“Se establece como único sistema válido de identificación individual el transpónder, es decir, la utilización del mecanismo electrónico de identificación mediante la implantación subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal.”
Por tanto, argumentan, “la identificación genética mediante ADN carece de reconocimiento legal en La Rioja y su aplicación exigiría una modificación expresa de la normativa autonómica”. Según el colectivo, “el Ayuntamiento no puede imponer una obligación que excede sus competencias y que contradice el marco regulador vigente”.
También advierten de la “imposibilidad de determinar el origen de excrementos de animales no censados en el municipio, perros visitantes o abandonados, o incluso los casos de contaminación cruzada con excrementos de otras especies”. En su opinión, “pretender sancionar basándose en restos biológicos recogidos en la calle, sin una supervisión oficial y sin control de posibles contaminaciones, es un disparate técnico y jurídico”.
“Un sistema caro y con escasa eficacia comprobada”
Los vecinos aluden a ejemplos de otras ciudades donde se ha implantado el ADN canino, como Málaga o Toledo, para subrayar su “baja eficacia”: apenas se logra identificar entre el 15% y el 20% de las muestras analizadas, a pesar del elevado coste del sistema. En el caso de Málaga, aseguran, “el Ayuntamiento tuvo que destinar 200.000 euros públicos a crear el banco genético y asumir el coste de las pruebas PCR”.
Aseguran además que estas medidas “no garantizan un retorno económico a través de las sanciones y terminan penalizando a las personas responsables que ya cumplen la normativa”. En su opinión, “no se puede gravar igual a quien cumple con las obligaciones legales que a quien no lo hace. La responsabilidad no puede suplirse con más burocracia ni más tasas”.
Educación y responsabilidad, no sanciones
El colectivo recuerda que la actual ordenanza municipal ya prevé sanciones por no recoger las heces, por lo que “la creación de un registro genético no aporta ningún valor añadido en materia de civismo ni de bienestar animal”. A su juicio, “si el Ayuntamiento quiere mejorar la convivencia y el civismo, debe invertir en educación, campañas de sensibilización y presencia inspectora, no en medidas recaudatorias ni tecnológicamente inviables”.
Desde el ámbito técnico, también se advierte que “el uso del ADN con fines sancionadores desvirtúa su utilidad original”, vinculada a la salud, la identificación en casos de abandono o la prevención de enfermedades genéticas, no al control punitivo de excrementos.
Un modelo de convivencia más racional
Los vecinos defienden que el objetivo de unas calles limpias debe alcanzarse “mediante la corresponsabilidad ciudadana, la educación ambiental y el refuerzo de la inspección municipal, no mediante la creación de registros costosos y de dudosa eficacia”.
“El problema del incivismo no se resuelve con bases de datos genéticas ni con medidas coercitivas, sino con una gestión ética, educativa y participativa de la convivencia entre personas y animales en la ciudad”, finalizan.
