- Vecinos de Haro presentan más de 700 firmas contra la implantación del ADN Canino
- Haro implanta el censo canino mediante identificación genética para mejorar la convivencia y la limpieza urbana
Once años después de dimitir como concejal de Medio Ambiente en Xàtiva (Valencia) por crear una empresa dedicada al análisis genético de perros, Enrique Perigüell vuelve a la actualidad municipal, esta vez como responsable de la empresa adjudicataria del censo canino mediante ADN en Haro. La coincidencia no ha pasado desapercibida entre los vecinos, que ya han registrado más de 700 firmas contra la implantación del sistema.
En 2014, Xàtiva se convirtió en la primera ciudad de España en aplicar un registro genético de perros con el fin de sancionar a los propietarios que no recogieran los excrementos de sus animales. La iniciativa fue impulsada por el entonces concejal de Medio Ambiente, Enrique Perigüell (PP).
El origen del modelo: un escándalo en Xàtiva
Pocos meses después, se destapó que el propio edil había constituido una empresa privada dedicada precisamente al censado de ADN canino, una actividad vinculada directamente con el área municipal que él mismo gestionaba.
Ante las críticas de la oposición y las acusaciones de incompatibilidad, Perigüell presentó su dimisión. En aquel momento, el alcalde Alfonso Rus (PP) reconoció que “no era lógico que (Perigüell) estuviera en el ayuntamiento mientras ofrecía una actividad empresarial que podría ser contratada por el consistorio”, aunque justificó su iniciativa señalando que el concejal “no vive del ayuntamiento” y debía “buscarse la vida”.
El propio Perigüell defendió entonces que no había cometido ninguna ilegalidad y que su empresa “no había trabajado ni trabajaría para el ayuntamiento”. Sin embargo, el episodio le costó el cargo y marcó el primer gran debate nacional sobre la viabilidad ética y jurídica del ADN canino como herramienta sancionadora.
Una década más tarde, Haro se ha convertido en la primera ciudad de La Rioja en adoptar este mismo sistema. El Ayuntamiento ha contratado a ADN Canino SL, dirigida por Enrique Perigüell, para gestionar el registro genético de los perros del municipio por un período de cuatro años, con un coste anual de 6.338,50 euros.
La concejala de Servicios Generales, Natalia Villanueva, defendió en la presentación de la iniciativa que el censo canino “supondrá un antes y un después en nuestra forma de convivir”, y explicó que el objetivo principal es “reducir el incivismo y mejorar la limpieza urbana”.
Según los cálculos del Consistorio, en Haro hay unos 1.000 perros, lo que genera alrededor de 2.000 excrementos diarios. “Un 10% de incivismo equivale a 200 excrementos sin recoger cada día. Es humanamente imposible mantener la limpieza con esas cifras”, señaló entonces la concejala.
Por su parte, Enrique Perigüell, como responsable de la empresa adjudicataria, insistió en que el sistema “es más una medida disuasoria que coercitiva” y que “la trazabilidad genética permitirá también localizar perros extraviados o casos de abandono”.
“Con una base de datos genética se gana en responsabilidad y control. No se trata de sancionar, sino de tener una herramienta moderna y eficaz”, afirmó en la presentación.
Rechazo vecinal y dudas jurídicas en Haro
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte contestación ciudadana. Un grupo de vecinos ha presentado 761 firmas contra el proyecto, calificándolo de “ineficaz, costoso y con serias dudas jurídicas y técnicas”.
“El control de las heces debe basarse en la responsabilidad y la educación ciudadana, no en medidas punitivas ineficaces”, sostienen los impulsores de la recogida de firmas, que no descartan, además, convocar una concentración y entrevistarse con la alcaldesa.
El colectivo denuncia que el ADN canino duplica la identificación obligatoria por microchip y “obliga a pagar dos veces por el mismo servicio”. También advierten de que la legislación riojana no reconoce el ADN como sistema de identificación oficial, citando el Decreto 61/2004, que establece el microchip como único método válido.
Desde el punto de vista técnico, aseguran que “resulta inviable garantizar la cadena de custodia de las muestras recogidas en la vía pública” y que el sistema “no evita errores ni contaminaciones cruzadas”.
En cuanto a la eficacia, los vecinos aluden a experiencias de otras ciudades —como Málaga o Toledo— donde “solo se logra identificar entre el 15% y el 20% de las muestras analizadas” pese al alto coste del sistema. “Al final penaliza a quienes ya cumplen la normativa”, afirman.
En la presentación de la iniciativa, alcaldesa Guadalupe Fernández defendió la legalidad y utilidad del sistema: “No se trata de castigar, sino de mejorar la convivencia y la limpieza. Hablar de civismo es hablar de calidad de vida”, afirmó.
Fernández recalcó que la medida “no es recaudatoria” y que el Consistorio acompañará su implantación con campañas de sensibilización y educación cívica. “Queremos que la gente entienda que esto no es una moda, sino una apuesta por una ciudad más limpia y responsable”, señaló en la presentación.
