ARAG-ASAJA ha criticado hoy que el Gobierno de España suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “sin contar con los agricultores y ganaderos, que son los empresarios del sector agrario y, por tanto, sin analizar el impacto que esta subida supondrá para el sector”.
En este sentido, la organización ha reprochado “la falta de acuerdo ya que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta la opinión de la patronal, a la que pertenece ASAJA en calidad de representante de los empleadores, y que somos los que pagamos las nóminas y por tanto creamos los puestos de trabajo”. “En un momento, han añadido, en el que el sector lo está pasando francamente mal dada la crisis de precios y de incrementos de costes de producción que está soportando el sector a cambio de ayudas que están resultando ser migajas”, señalan desde ARAG-ASAJA.
Asimismo, ARAG-ASAJA ha denunciado que el sector agrario sea “uno de los más castigados por el Gobierno con todas las decisiones que están adoptando, sin importarle la viabilidad de las explotaciones dado que son perfectamente conocedores de los negativos márgenes con los que actualmente están trabajando a diario”. “En un momento”, ha añadido, “en el que el sector lo está pasando francamente mal por la crisis de precios o el incremento de costes que está soportando el sector agrario, entre otros motivos, a cambio de ayudas que están resultando ser migajas”.
“Este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas”
Por ello, la organización ha advertido al Gobierno que “este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas, como son las subidas en el precio de los alimentos sin que el sector pueda vender sus productos por encima de los costes de producción”.
Por último, ARAG-ASAJA quiere dejar “patente” que “no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales (SMI, cotizaciones sociales, impuestos) sin ningún tipo de compensación para afrontar los mismos o sin que las administraciones públicas estén decididas a hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria”.