Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un varón y una mujer, de 22 y 24 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones por imprudencia grave y de incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tras resultar intoxicado por cannabis su hijo, un bebé de 14 meses.
La actuación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la activación de los protocolos sanitarios de emergencia con motivo del ingreso hospitalario del menor en un centro médico de esta comunidad autónoma. El bebé presentaba un acusado estado de decaimiento y somnolencia, lo que motivó la realización de diversas pruebas médicas para determinar el origen de su estado.
Los análisis toxicológicos practicados confirmaron la presencia de cannabis en el organismo del lactante, constatándose una intoxicación por esta sustancia estupefaciente. Como consecuencia, el menor tuvo que permanecer ingresado bajo pronóstico moderado.
Ante estos hechos, los agentes encargados de la investigación requirieron a los progenitores para que explicaran las posibles circunstancias en las que el bebé pudo haber estado expuesto a dicha sustancia. Ambos manifestaron que la intoxicación podría haberse producido de manera fortuita, al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas consumiendo cannabis en las inmediaciones.
Una vez practicadas las diligencias de investigación y recabados los correspondientes informes médicos, los agentes no encontraron elementos que permitieran corroborar la explicación ofrecida por los progenitores ni justificar razonablemente las circunstancias en las que se produjo la intoxicación. Por ello, procedieron a investigar a ambos por su presunta implicación en los delitos anteriormente citados.
Activación de los protocolos de protección del menor
De manera paralela a la instrucción de las diligencias policiales, se activaron de inmediato los protocolos de protección de menores, quedando el bebé bajo la tutela y custodia provisional de los servicios sociales competentes, mientras se determinan las medidas de protección oportunas y se depuran las posibles responsabilidades legales.
La Guardia Civil recuerda que cualquier conducta, acción u omisión que pueda poner en peligro la integridad física, la salud o el bienestar de los menores puede tener consecuencias legales y será investigada conforme a los cauces establecidos. Asimismo, insiste en la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la patria potestad, que exige garantizar la atención, el cuidado y la protección de los hijos, especialmente cuando se trata de menores de corta edad y absoluta dependencia.
Por último, con el fin de preservar la intimidad, la privacidad y, sobre todo, el interés superior del menor afectado, la Guardia Civil no facilitará más información sobre este caso ni sobre la localidad en la que sucedieron los hechos, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de la infancia.
