El Ayuntamiento de Haro aprobó este jueves, 29 de octubre, iniciar el expediente para contratar los servicios de operación y mantenimiento del abastecimiento de agua potable, las reparaciones de las redes de distribución y saneamiento y la renovación de contadores. En la misma sesión se dio luz verde inicial a una modificación de la ordenanza del agua que contempla, según explicó el equipo de Gobierno, una reducción del 21% en las tarifas de consumo doméstico, no doméstico e industrial. La tarifa para riego y llenado de piscinas se mantiene. Antes del comienzo del pleno, la alcaldesa pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.
Las decisiones se debatieron mientras se celebraba una cacerolada convocada por la Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro en la plaza de la Paz. El Gobierno municipal defendió que la contratación mantendrá la titularidad y el control públicos del servicio, mientras que la plataforma reclamó una gestión exclusivamente pública y expresó su rechazo a lo que considera un intento de privatización.
El expediente de contratación salió adelante con los votos de todos los concejales del equipo de Gobierno —PP, Por La Rioja y Ciudadanos— y la abstención del edil de Vox, Iván Rivera. Los representantes del PSOE abandonaron el salón tras la intervención de su portavoz, Mikel García, antes de que los miembros del Gobierno expusieran sus argumentos. Tampoco estuvo presente desde el inicio del pleno la concejala no adscrita, Laura Vidaurre.
Un contrato estimado en 2,64 millones de euros sin IVA
La documentación municipal recoge un presupuesto estimado de 2.640.150 euros, sin IVA, y una duración inicial de tres años, con posibilidad de uno más de prórroga. La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto.
El acuerdo inicia el expediente y encarga la elaboración de los pliegos técnicos y administrativos, así como la incorporación de los informes y la documentación económica necesarios. Este primer paso no supone la adjudicación del servicio a una empresa.
La alcaldesa, Guadalupe Fernández, sostuvo que el Ayuntamiento conservará la dirección, planificación, supervisión y control del servicio. “No se vende el agua, no se venden las instalaciones municipales y el Ayuntamiento no renuncia ni a la titularidad ni a su responsabilidad sobre el servicio”, afirmó.
Borja Merino, de Ciudadanos, también rechazó que la propuesta constituya una privatización y remitió a los informes técnicos para justificarla. Rafael García, del PP, defendió la contratación de las prestaciones que el Ayuntamiento no puede asumir con sus medios: “Cuando hay una situación que no se puede llevar con medios propios”, señaló, “se contratan”.
Falta de personal y necesidades de mantenimiento
El concejal responsable del área, Luis Salazar, de Por La Rioja, situó entre los principales problemas la falta de personal para un servicio que requiere atención las 24 horas del día. Según explicó, la plantilla cuenta con tres trabajadores, uno de ellos de baja, y los intentos de incorporar personal mediante la bolsa disponible no han permitido resolver la situación.
Salazar vinculó la propuesta con la necesidad de reducir la sobrecarga de los empleados y atender las exigencias técnicas y sanitarias. La alcaldesa insistió en ese argumento: “No podemos seguir sosteniendo el servicio a base de horas extraordinarias”, afirmó. “Tenemos que garantizar un servicio de calidad y unas condiciones de trabajo adecuadas para quienes lo prestan”.
El concejal de Por La Rioja describió actuaciones realizadas en las instalaciones, entre ellas la incorporación de un analizador en continuo para controlar parámetros del agua y dosificar el cloro, así como una sonda de turbidez en una de las captaciones que permite desviar el agua cuando no reúne las condiciones establecidas y avisar al personal.
Rafael García, del PP, sostuvo que los informes municipales advierten de los riesgos de mantener el servicio en sus condiciones actuales. Durante su intervención leyó una conclusión de uno de esos informes, según la cual el incumplimiento de las obligaciones municipales podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para la entidad local y sus responsables. Además, anunció que la contratación contempla sustituir mil contadores durante el próximo año.
Qué cambia en las tarifas y cuándo se aplicará
El pleno dio aprobación inicial a la modificación de la ordenanza fiscal número 2.19. Rafael García explicó que la tarifa de consumo doméstico, no doméstico e industrial “baja un 21%” y que la revisión responde al estudio de los costes del servicio, incluidas las inversiones previstas. “Cumplimos la ley, ajustamos la tasa”, afirmó.
La tarifa de riego y llenado de piscinas permanece sin cambios. El concejal justificó esta decisión por la necesidad de fomentar un “consumo responsable”.
El texto fija para los usos domésticos una cuota de servicio de 0,85 euros al mes y precios por consumo de 0,1975 euros por metro cúbico en el tramo de hasta siete metros cúbicos mensuales; 0,2765 euros entre 7,01 y 12; y 0,4187 euros por el exceso sobre doce.
Para los usos no domésticos e industriales, la cuota de servicio queda en 1,76 euros mensuales. Los precios por metro cúbico son de 0,2370 euros hasta veinte metros cúbicos al mes; 0,3871 euros entre 20,01 y treinta; y 0,6083 euros a partir de 30,01.
Guadalupe Fernández defendió el resultado de la revisión: “No siempre la solución es subir las tasas a los ciudadanos”, señaló.
La modificación deberá someterse a información pública durante treinta días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones. Las nuevas tarifas se aplicarán desde el primer periodo trimestral de facturación que se inicie después de la publicación correspondiente, por lo que la aprobación del pleno no implica su aplicación inmediata a los recibos.
La renovación de contadores y la tarifa de instalación
Rafael García explicó que la ordenanza fija en 153,57 euros la tarifa por suministro, verificación e instalación de un contador y defendió que el importe responde al coste de esa prestación. “Hay que cobrarle al usuario la tasa, lo que cuesta el servicio”, señaló.
El concejal distinguió esa tarifa de las sustituciones incluidas en la renovación prevista por el Ayuntamiento, que, según aseguró, no se cobrarán a los usuarios. “Se van a poner sin coste para el consumidor”, afirmó.
El PSOE denuncia falta de información y abandona la sesión
Durante su intervención en el primer punto, Mikel García anunció la salida del Grupo Municipal Socialista. El portavoz se refirió a la iniciativa como una “privatización del servicio municipal de agua” y denunció que se había impedido a su grupo consultar información necesaria para ejercer su labor.
También criticó la falta de diálogo con sindicatos y ciudadanía y el trato recibido por los trabajadores. Explicó que el abandono se producía en solidaridad con ellos y por responsabilidad con sus cargos.
El Gobierno rechazó esas acusaciones. Rafael García afirmó que la documentación se había adjuntado a la convocatoria de la comisión y la alcaldesa sostuvo que los estudios debían completarse antes de facilitar sus conclusiones. Fernández acusó al PSOE de promover una “campaña de desinformación, deliberada e irresponsable” y reprochó a los concejales socialistas que se marcharan sin escuchar las explicaciones del expediente.
La plataforma reclama una gestión exclusivamente pública
La cacerolada comenzó a las 18:00 horas y continuó durante el pleno, que arrancó a las 19:00 y terminó cerca de las 20:00 horas. Tras el inicio de la protesta y antes del comienzo de la sesión, el portavoz de la plataforma leyó una declaración en la que defendió el acceso al agua y al saneamiento y rechazó su utilización como objeto de beneficio empresarial.
“Los servicios de agua deben ser gestionados exclusivamente por instituciones públicas, con total transparencia, rendición de cuentas y una participación ciudadana activa en la toma de decisiones”, recoge el manifiesto.
La plataforma reclamó que lo recaudado mediante las tarifas se reinvierta íntegramente en la mejora de la infraestructura. También pidió garantizar un mínimo vital gratuito o asequible para las familias vulnerables e impedir por ley los cortes por motivos económicos. “El agua no se vende, el agua se defiende”, corearon los participantes.
Durante la movilización, miembros de la plataforma quisieron acceder al pleno como público y desde el Consistorio se les comunicó que debía respetarse el aforo. Antes de subir, representantes del colectivo trasladaron a los congregados que, según sus informaciones, se había llamado a afiliados y simpatizantes de los partidos del Gobierno para ocupar los asientos e impedir la presencia de participantes en la protesta.
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