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La familia del número 31 de Lucrecia Arana denuncia falta de información durante la demolición del edificio colindante

Los responsables del negocio colidante al edificio afectado aseguran que han aparecido grietas en su inmueble y lamentan no haber sido avisados ni del inicio de los trabajos ni del posterior derrumbe parcial
Foto: José Fuentefría

La familia que regenta un negocio situado en el número 31 de la calle Lucrecia Arana de Haro ha hecho pública su queja por la gestión y la falta de información que, según denuncia, está sufriendo desde que el pasado 18 de agosto comenzaron los trabajos de demolición del edificio colindante, situado en el número 29 y declarado en ruina.

El inmueble que está siendo derribado sufrió además este pasado miércoles por la noche un derrumbe parcial que afectó a su estructura interna y a un muro de carga de adobe. El suceso obligó a intervenir a los Bomberos del CEIS Rioja, que balizaron la zona y aseguraron el acceso a las viviendas situadas enfrente, sin que, por suerte, se registraran daños personales.

El actor José Fuentefría ha relatado públicamente en Facebook la situación que asegura estar viviendo su familia. Quiere dejar claro que no cuestionan el cierre de la acera por motivos de seguridad, sino que su principal queja se centra en que nadie les comunicó previamente que la demolición iba a comenzar ni que podía impedir el acceso al inmueble y al negocio que mantienen abierto en el número 31. “Nadie nos comunicó que las obras iban a comenzar”, destaca. “Simplemente llegamos y nos encontramos con el acceso cortado”.

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A esta situación se suma, según explica, la aparición de grietas en su inmueble coincidiendo con el comienzo de la demolición. La familia asegura que el 18 de agosto empezó a solicitar ayuda al Ayuntamiento y a la Policía Local para que alguien valorara esos desperfectos. Tras diferentes llamadas y gestiones, el constructor acudió al inmueble para grabar los daños y, alrededor de las 17:30 horas del día siguiente, un aparejador inspeccionó la situación. Habían pasado, según Fuentefría, “más de 31 horas” desde su primera llamada al Ayuntamiento. El técnico les trasladó que la acera permanecía cerrada por seguridad y que “las grietas que se produzcan serán reparadas”.

La familia lamenta especialmente no haber sido avisada del posterior desprendimiento registrado durante la noche en el edificio en ruina, del que asegura haberse enterado a través de una vecina. Su queja se centra en que, después de haber comunicado la aparición de grietas y advertido de que existe un negocio en el inmueble contiguo, nadie les informara de ese nuevo incidente.

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“No estamos pidiendo que nos llamen para contarnos cómo avanza una obra. Estamos pidiendo que se nos avise cuando se produce un desprendimiento en un edificio declarado en ruina que está pegado al nuestro, después de que ya hayan aparecido grietas en nuestro inmueble”, explica Fuentefría, quien insiste en que la familia carece de conocimientos técnicos para determinar si los desperfectos o desprendimientos pueden suponer un riesgo.

“No estamos pidiendo privilegios”

Recuerda también Fuentefría que su padre, fallecido recientemente, fue durante años arrendatario de un local del número 29, donde se ubicaba una histórica ferretería. Según la documentación que aseguran conservar, en enero de 2022 comunicó mediante burofax a la propiedad la existencia de desperfectos en una pared y advirtió del peligro de que pudiera caer. La familia señala que no pretende establecer una relación técnica entre aquellos problemas y la posterior declaración de ruina del edificio, pero reclama que se investigue qué ocurrió desde aquella advertencia, qué actuaciones de conservación se realizaron y cómo se llegó a la situación actual.

Fuentefría asegura que ya ha presentado un escrito formal ante el Ayuntamiento de Haro en el que solicita documentación y explicaciones sobre la planificación de la demolición, el cierre del acceso, las medidas previstas para los edificios colindantes, la actuación realizada después de sus avisos y los daños aparecidos. También deja constancia de los perjuicios económicos que, según afirma, está sufriendo el negocio por las dificultades para desarrollar con normalidad su actividad.

“No estamos pidiendo privilegios. No estamos pidiendo que se incumpla ninguna medida de seguridad”, señala Fuentefría. “Estamos pidiendo información, seguridad, responsabilidad y ayuda”, resalta.

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