El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por Amigos de la Tierra La Rioja contra el Ayuntamiento de Ezcaray, al que la organización acusa de negarse a facilitar información ambiental de interés público. La resolución ha sido recibida con “satisfacción” por el colectivo ecologista, que considera que este paso “supone un avance importante en la apertura del proceso y recuerda la necesidad de contar con instituciones abiertas, transparentes y garantes de los derechos de participación ciudadana”.
Según ha comunicado la propia oficina del Defensor del Pueblo, la denuncia cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/1981, que regula esta institución. A partir de ahora, se iniciarán las diligencias pertinentes con el Ayuntamiento de Ezcaray, y se mantendrá informada a la organización sobre las respuestas obtenidas y los pasos siguientes.
Amigos de la Tierra La Rioja denuncia que el Ayuntamiento se negó a entregar la documentación relativa a la instalación de una vía ferrata en la Peña San Torcuato, lo que califican como un “silencio reiterado” que “vulneró nuestro derecho (y el de toda la ciudadanía) a conocer, opinar y participar en decisiones que afectan directamente al patrimonio natural común”. La organización había solicitado información técnica y ambiental sobre el proyecto, al considerar que “podía suponer una amenaza para el desarrollo sostenible del entorno y para la conservación de diferentes especies presentes en la Peña San Torcuato”.
“Un paso esperanzador”
La organización ecologista insiste en que “acceder a la información ambiental no solo es un derecho recogido en nuestra norma o en acuerdos internacionales, sino también una condición imprescindible para garantizar una democracia sana y participativa”. A su juicio, negar ese acceso puede suponer “un atentado contra los principios de transparencia, eficacia y buen gobierno”.
Amigos de la Tierra La Rioja ha calificado la decisión del Defensor del Pueblo como “un paso esperanzador” y ha subrayado que “las instituciones pueden y deben responder cuando se vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información pública”. En este sentido, han advertido que “no podemos normalizar el silencio administrativo ni la falta de respuesta: son formas de desprecio hacia el interés colectivo y hacia las personas que conformamos la sociedad civil”.
La organización ha concluido reafirmando su compromiso con “la vigilancia institucional y el respeto por los derechos democráticos”, y ha asegurado que continuará exigiendo “transparencia, responsabilidad pública y respeto al medio ambiente, tanto en Ezcaray como en el resto del territorio riojano”.
