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Los funcionarios del Ayuntamiento de Haro pasan al régimen general de la Seguridad Social

Rivado explicó que ninguna aseguradora se presentó a las tres licitaciones convocadas, que llegaron a triplicar el precio final de la póliza
Fachada del Ayuntamiento de Haro

El pleno del Ayuntamiento de Haro del pasado miércoles registró una inesperada polémica. Y es que el equipo de Gobierno local optaba por anular el acuerdo adoptado, en ese mismo órgano, en 1993 para mantener la prestación sanitaria que los funcionarios del Consistorio jarrero recibían mediante la contratación de una mutua, y daba luz verde a su integración en el régimen general de la Seguridad Social.

La alcaldesa Laura Rivado justificaba esta decisión detallando que el contrato suscrito con Adeslas expiró hace dos años y se ha prorrogado durante este tiempo mediante contratos temporales, licitando “hasta en tres ocasiones el contrato sin que se haya presentado ninguna compañía interesada en su prestación”, aseguraba la alcaldesa que aludía en su intervención a los precios que se pagaban en primera instancia y la última realizada. “Se han triplicado”, aseguró al fijar esa diferencia entre los 52 iniciales y los 156 del último pliego que tampoco generó interés en el mercado.

En su opinión, sólo existían dos alternativas: Pasar, como acabó haciéndose a los 21 afectados al régimen general de la Seguridad Social o dejarles sin prestación sanitaria el 1 de enero, y el el equipo de Gobierno local se decantó por la primera sin dudarlo, porque no se les podía dejar sin ese privilegio, como subrayó en un momento del pleno el concejal Leopoldo García.

Ciudadanos y PP en contra de la decisión

Pero la propuesta no tuvo el respaldo de la oposición, formada por PP y Ciudadanos. Fundamentalmente porque el PP considera que el acuerdo suscrito en pleno hace 28 años supone un derecho reconocido a los trabajadores públicos y entiende, advirtió su portavoz, Alberto Olarte, que su decisión no se ajusta a derecho y podría acarrear la asunción de responsabilidades a la Administración y, fundamentalmente, porque desveló la existencia de un escrito en el que sus representantes sindicales que tildaban de “falsa” la existencia de negociaciones para la toma de esta decisión y pedían que se dejase la propuesta sobre la mesa para negociar una solución, algo que quiso negar hasta en dos ocasiones la concejala Arantxa Carrero, que aseguró estar presente en esas negociaciones y que se habían producido a todas luces.

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