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El Ayuntamiento de Haro contrata un abogado externo para estudiar ‘posibles acciones legales en defensa de los técnicos municipales’

A través de una nota de prensa, el Consistorio explica que estos técnicos fueron 'acusados de falta de independencia en el proceso de adjudicación del Plan de Gestión Turística'.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro ha contratado los servicios de un abogado externo para que estudie ‘posibles acciones legales en defensa de los técnicos municipales acusados, por algunos concejales de la corporación, de falta de independencia en el proceso abierto para la adjudicación del Plan de Gestión Turística de la ciudad’.

El equipo de Gobierno ha decidido intervenir para defender la honestidad de los empleados municipales porque, a su juicio, ‘han actuado de forma escrupulosa y de acuerdo a la legalidad en todo el procedimiento administrativo de contratación’.

Según las autoridades, las afirmaciones de los ediles acusando a los técnicos, incluso de tratar de beneficiar a una empresa en el proceso de adjudicación del Plan Turístico, ‘son muy graves y carecen de fundamento ya que los trabajadores municipales han actuado conforme a la legalidad y amparados por informes técnicos’.

Además, ‘consideran que no se trata de la única ocasión en la que se ha cuestionado el trabajo de los técnicos municipales, puesto que recientemente habían sido objeto de varias acusaciones que atentan contra su honor’.

Retirada de las acusaciones

Con la contratación de servicios legales independientes, el Consistorio jarrero pretende que ‘cesen las intromisiones en el honor de los técnicos municipales, así como las presiones públicas de que están siendo objeto, y quiere también que se retiren públicamente las acusaciones formuladas contra ellos’.

La primera medida que adoptará el letrado ‘será solicitar la convocatoria de un acto de conciliación para tratar de zanjar el asunto y, si los ediles se reafirman en sus críticas, el equipo de Gobierno está dispuesto a continuar con el proceso judicial y a adoptar acciones civiles o penales, barajando incluso la presentación de una demanda por delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor de los empleados del Consistorio’.