El Consejo de Gobierno aprobó en el día de ayer el gasto de 5.042.800 euros a la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud para promover la convocatoria del año 2022 de las subvenciones destinadas a acciones formativas de la iniciativa de oferta de la Administración para personas trabajadoras desempleadas.
Este programa de ayudas es uno de los hitos destacados del Plan de Formación Profesional y Empleo 2021/2023 del Gobierno de La Rioja en el ámbito de la formación para el empleo, y se dirige de forma específica a corporaciones locales y entidades con y sin ánimo de lucro, como gestoras de esas acciones de formación.
Estas ayudas, que se publicarán en régimen de concurrencia competitiva, se repartirán entre las dirigidas a corporaciones locales (252.140 euros), entidades con ánimo de lucro (2.521.400 euros) y sin ánimo de lucro (2.269.260 euros). Sus objetivos pasan por desarrollar acciones formativas con las que se favorezcan la inserción o reinserción laboral de las personas trabajadoras desempleadas, mejorando sus competencias profesionales y su empleabilidad, y permitiendo a aquellas personas que hayan pasado por un procedimiento de acreditación de la experiencia completar el certificado de profesionalidad, en su caso.
Áreas prioritarias
A efectos de la programación formativa, se consideran áreas prioritarias las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo.
Entre los colectivos prioritarios como destinatarios de estas acciones formativas, y con la premisa general de que sean trabajadores en situación de desempleo, se encuentran mujeres, personas con discapacidad, perceptores de Renta de ciudadanía o del Ingreso mínimo vital, inmigrantes, personas de baja cualificación, mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años, desempleados de larga duración, personas con responsabilidades familiares y víctimas de violencia de género.
Asimismo, tendrán prioridad las personas desempleadas como consecuencia de la crisis sanitaria que no han retomado su actividad o que se contemplen en cualquier plan adicional que se apruebe y las personas trabajadoras que se encuentren en situación de ERTE. Estos programas también podrán aceptar un porcentaje reducido de trabajadores ocupados.
