El futuro de las pensiones pasa, inevitablemente, por una buena definición del sistema recaudatorio. Un sistema que dote al sector público de la capacidad de mantenerlas en el tiempo. Tras muchos años aportando, el momento de recibir la pensión es el momento de la recompensa al trabajo de toda una vida. Un acto de justicia. Como todo, en una sociedad cambiante tiene obsolescencia y necesita ser revisado, estudiado y modificado.
Partiendo del Pacto de Toledo en 1995 se sientan las bases de las que entonces eran las reformas pendientes de acometer en el sistema de la Seguridad social. Un análisis de los problemas estructurales del sistema de pensiones, estudiando todas sus características. Este diálogo tuvo lugar en un contexto en el que España, con la plena entrada en el mercado laboral de los nacidos durante el “baby boom”. Pudieron diseñar un sistema basado en una creciente población activa, que no generó dudas sobre su sostenibilidad en aquel momento. No obstante, a la hora de analizar el desarrollo de este sistema hasta la actualidad, hemos de tener en cuenta dos factores. El primero, la evolución de la pirámide poblacional en España, acentuándose el crecimiento de la población mayor de 60 años. Por otro lado, el ciclo de recesión económica en el que nos encontramos, con un desempleo desorbitado.
Estamos, por tanto, instalados en un doble problema. Cada vez hay menos gente trabajando y crece el número de pensionistas. Parece lógico pensar que el sistema de pensiones, tal y como se rediseñó en el Pacto de Toledo, es insostenible.
En el año 2000, como apoyo y garantía del sistema, el gobierno de Aznar crea un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que cuenta con una entrada constante de dinero hasta los inicios de la crisis. Una vez comenzada, como resultado de la pésima situación del erario público, se recurre a este fondo para garantizar diversos servicios públicos.
Siendo conscientes del reto al que nos enfrentamos para pelear por la sostenibilidad del sistema, los políticos toman diferentes decisiones y realizan diferentes propuestas.
Ejemplo de ello fue la subida de la edad de jubilación a los 67 años, lo cual -desde el punto de vista técnico- podría favorecer la sostenibilidad del sistema, de no ser por el crecimiento simultáneo de la esperanza de vida. Nos encontramos pues frente a una medida cuya efectividad es eliminada de forma inmediata.
‘La propuesta del envejecimiento activo impedirá la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral’
Al hilo de las reacciones políticas, otra de las propuestas es el fomento del “envejecimiento activo”. Consiste en que a los trabajadores a los que legalmente les corresponde jubilarse, puedan seguir trabajando. Actualmente pueden compaginar su trabajo con recibir un máximo del 50% de su pensión, -cumpliendo determinados requisitos-. La propuesta que el actual gobierno ha puesto encima de la mesa, es la de subir el máximo del 50 al 100%, es decir, que aquellos que deseen continuar en el mercado laboral, puedan recibir el 100% de su pensión. Si bien desde un punto de vista razonable puede parecer justo, hemos de tener en cuenta que se trata de una decisión de carácter voluntario. Analizando la propuesta desde un punto de vista objetivo, hay que contextualizarlo en el momento actual. Casi cuatro millones de desempleados y miles de jóvenes sin oportunidad de trabajar.
Relacionando el desempleo y la propuesta del envejecimiento activo, supondrá una prolongación de personas mayores en sus puestos, impidiendo así la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral. Por tanto, acrecentaría el problema del desempleo juvenil.
En circunstancias de normalidad, con una tasa de empleo del 6% o menor -lo considerado como pleno empleo- sí que se trataría de una medida interesante, que favorecería tanto la libertad de elección, como la combinación entre la experiencia de los más mayores y la innovación de los jóvenes salidos de la universidad.
Para sostener en el tiempo nuestro sistema de pensiones, tenemos que focalizar el análisis desde dos prismas. Por un lado, las características demográficas para poder definir la estructura, y por otro, el contexto económico en el que nos encontramos, atendiendo a la población activa y relacionando el número de trabajadores nuevos por cada nuevo pensionista.
